Madrid
La nueva ley de educación parece que no acaba de convencer al sector educativo. Desde que se conoció su contenido, la educación especial ha sido uno de los puntos de mayor enfrentamiento, ya que desde partidos políticos como el PP o Ciudadanos se ha lanzado el mensaje de que la intención del Gobierno es cerrar progresivamente los centros de educación especial y acabar con la libertad de elección de las familias. Estas medidas persiguen cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que España ratificó en el año 2008, en la que se establecía que los niños con discapacidad serán matriculados en las escuelas ordinarias.
El Gobierno también busca un cambió después de que en 2017 el comité de discapacidad de la ONU concluyera en un informe que España tiene un "patrón de exclusión y segregación educativa discriminatorio" hacia las personas con distinto tipo de discapacidad. Estos estudios chocan con los datos del Ministerio de Educación que indican que concretamente en España son 212.000 alumnos los que tienen necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad y el 82,4% ya se encuentra integrado en un centro ordinario. Parece que este país busca dirigirse hacia el modelo portugués, donde en el año 2010 había 11.000 alumnos con discapacidad en centros especial y hoy en día hay 500. El principal problema que observan las familias es que el ejecutivo no contempla ninguna medida económica ni plan estratégico para llevar a cabo esta inclusión, lo que deja a la educación especial en la estacada.
La denominada "Ley Celaá" ya ha pasado al Senado para su aprobación inicial y, en contra de toda esta comunidad, ya ha puesto fecha de caducidad a la educación especial al pretender integrarla en la educación ordinaria con el paso de los años. A pesar de que la mayor parte de las asociaciones defensoras de este tipo de formación han estado durante los últimos meses pidiendo que se eliminara esta medida por tener una redacción ambigua, no lo han conseguido. No obstante, el texto aprobado en el Congreso de los Diputados no parece recoger que los colegios de educación especial vayan a cerrar, sino que se desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años, los centros ordinarios cuenten con los recursos para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Lo que desde el punto de vista de las asociaciones, es prácticamente lo mismo a decir que van a desaparecer.
Los defensores de la educación especial se quejan de que no han contado con ellos para redactar esta medida y que la norma no tiene en cuenta los recursos que van a ser necesarios ni la viabilidad para mejorar la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales. José María Escudero, Presidente de la Plataforma "Educación Inclusiva Sí, Especial También" centra la importancia de estos centros en que siempre serán necesarios "porque hay un porcentaje de alumnos con discapacidad intelectual que se beneficia mucho más de otros entornos diferentes a los de la escuela ordinaria" y poder así desarrollar al máximo sus capacidades, su autonomía, su autoestima y perfeccionar habilidades que le permitan una mayor inclusión social.
Se pretende convertir los centros en lugares de formación de profesorado
Esta ley ha supuesto un verdadero varapalo para las familias y profesionales, ya que se abre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan ir vaciando los centros de educación especial y transformándolos en centros de recursos, sin apenas alumnado. Las familias son conscientes de que una amplia mayoría de los niños con necesidades especiales solo alcanzan un desarrollo básico de comunicación, lectura y movilidad, por lo que quieren mantener la libertad para escoger donde quieran educarlos.
Las críticas de las plataformas defensoras no han tardado en hacerse públicas, cargando contra la que consideran una ley que antepone la ideología al bien de los alumnos e ideada para tener el monopolio de la educación y el control de la persona. Escudero manifiesta que: "Lo que quiere la ministra es hacer un trasvase de la mayor parte del alumnado que está escolarizado en centros de Educación Especial a colegios ordinarios sin un plan de acción, sin un aumento de gasto y sin haber tenido en cuenta si ese cambio es lo que más conviene a los alumnos". Los centros de Educación Especial se transformarán en instituciones de formación al profesorado y de apoyo a los colegios ordinarios.
Las asociaciones reclaman más medios para la educación ordinaria y poder así atender a todo el alumnado escolarizado allí. "También pedimos que se siga manteniendo un sistema educativo con diferentes modalidades y que se pueda atender correctamente a toda la diversidad del alumnado, con las diferentes características y distintas necesidades que presentan", indica Escudero.
Según los datos del Ministerio de Educación, la discapacidad intelectual, con más de 63.000 alumnos es la más numerosa, seguido de los trastornos graves de la conducta/personalidad y los trastornos generalizados del desarrollo. El alumnado con discapacidad motora que precisa apoyo educativo especial se sitúa en cerca de un 7% y el alumnado con discapacidades sensoriales en un 4,4%.
Sin presupuesto
Cero euros. Este es el presupuesto con el que cuenta uno de los planes más ambiciosos y polémicos que se han publicado, el de la Educación Especial. A pesar de que la ley indica que se debe dotar a los colegios ordinarios de los recursos necesarios, no dispone de fondos del Estado para llevarlo a cabo. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pidió una inversión importante para esta integración.
Asociaciones denunciaron el tratamiento que la Comunidad les daba a estos alumnos
Una de las comunidades autónomas más comprometidas con la causa es Andalucía, que firmó el pasado mes de octubre un convenio con varias asociaciones para favorecer la atención educativa de este alumnado. El objetivo principal del acuerdo, según el consejero Javier Imbroda, era aunar esfuerzos en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para hacer efectivo el derecho a la educación. El convenio está destinado a los estudiantes con síndrome de Down, autismo, síndrome de Asperger y con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) escolarizados en centros públicos.
En contra de Madrid
Para la Comunidad de Madrid tampoco está siendo fácil la gestión de este problema. En el mes de septiembre 17 de los 26 centros especiales de la región se unieron a través de una carta para pedirle a la administración que les permitieran, como a los centros infantiles y de primaria, modificar su horario y acogerse a la jornada continua. A estas quejas se unió la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid FAMMA Cocemfe Madrid, entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 48 asociaciones de personas con discapacidad y que denunció el tratamiento que la Comunidad le estaba dando a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, por no reforzar los centros educativos con el personal necesario y carecer de una alternativa no presencial viable.
Sin duda, la Educación Especial supone un pilar fundamental para la formación de todos los niños y niñas que no pueden llevar el ritmo de los colegios ordinarios. Los últimos años han sido vitales para visibilizar todo el trabajo que llevan a cabo los profesionales de muchos colegios de Educación Especial que, hasta hace poco, eran absolutamente desconocidos para la sociedad. Desde "Educación Inclusiva Sí, Especial También" creen que es importante: "presumir de los excelentes colegios especializados que tenemos y replicar sus métodos de trabajo en la escuela ordinaria, pero no desmantelarlos, sino protegerlos", expresa Escudero.
Isabel Celaá responde
La cuestión sobre el cierre o no cierre de los colegios de Educación Especial ocupó muchas portadas estas últimas semanas. En el programa de "El Objetivo", fue Pedro Calderón, de "Plena Inclusión", el que le hizo una clara pregunta a la ministra de EducacióN: "¿Se van a cerrar los colegios de educación especial?". Celaá aseguraba que se van a mantener los centros ordinarios y los específicos de educación especial.