Madrid
Seis días. Menos de una semana es el tiempo que tienen los grupos parlamentarios para analizar el dictamen del proyecto de ley educativo antes de que pase al Senado. La conocida como "Ley Celaá" ha sido protagonista en los últimos días por las numerosas medidas que va a implantar. Sin embargo, la polémica está servida en ciertos aspectos como el ensañamiento contra la concertada, la educación diferenciada, facilidades para obtener el título en Bachillerato o evitar las repeticiones en toda la enseñanza obligatoria.
De todas las críticas que ha recibido esta norma, la más destacada ha sido la rapidez con la que está siendo tramitada en el Congreso de los Diputados, ya que el grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas solo se reunió cinco veces para analizar exactamente 1.162 enmiendas. Y, de nuevo, llega la prisa. Si en un principio se tenía planificada la votación para el próximo 26 de noviembre, se ha adelantado para el día de hoy, mientras que el próximo jueves se volverá a dar una oportunidad a las enmiendas rechazadas hasta el momento.
El escaso tiempo que tienen los partidos políticos para analizar el texto ha sido motivo de crítica estos días. De hecho, cuando se tramitó la ley educativa vigente, la LOMCE, las sesiones terminaron un 26 de septiembre y se votó el dictamen 15 días después. En cuanto a las enmiendas, esta ley empleó tres sesiones para votar 700 y ahora utilizan un día para más de mil. Después de pasar por el Senado, en el que estará aproximadamente dos meses, la norma volverá al Congreso para convertirse en ley de forma definitiva.
Sin apoyo educativo
Las alarmas saltaron cuando se dejó fuera del debate parlamentario a la comunidad educativa. Fue la primera vez en que una ley educativa no tenía comparecencias. Desde el comienzo de la Democracia se han aprobado en España siete normas: LODE, en 1985; LOGSE, 1990; LOPEG, 1995; LOCE, 2002; LOE, 2006; LOMCE, 2013 y LOECE, en 1980 aunque no se llegó a aplicar. Todas estas leyes han sido fruto de intensos debates, discrepancias y polémicas.
De todas estas normas, ninguna había provocado tanto rechazo como el que está generando la LOMLOE en la comunidad educativa. La falta de transparencia cuenta con la negativa total de organizaciones de colegios CECE y Escuelas Católicas, asociaciones de padres y sindicatos representativos del sector e incluso colectivos relacionados con la educación especial.
Nuevas medidas
La llamada LOMLOE o "Ley Celaá" tiene como objetivo principal la derogación de la LOMCE vigente y aprobada bajo el Gobierno del PP y la actualización de la socialista LOE a través de cinco pilares fundamentales: el interés superior del menor, la igualdad de género, y la prevención de la violencia machista, la mejora de los centros educativos, la importancia del desarrollo sostenible y la necesidad de atender al cambio digital.
A pesar de que muchos grupos de la oposición considerasen la medida del castellano como anticonstitucional y una cesión al independentismo catalán, siguió adelante y serán las comunidades quienes garanticen el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales en base a la Constitución. Esta medida recibió numerosas críticas por parte del partido principal de la oposición, el PP. Sin embargo, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, le reprochó a este grupo que las leyes de educación nunca han recogido que el castellano fuese una lengua vehicular en la enseñanza hasta la "Ley Wert" de 2013, por lo que ha instado a la oposición a dejarse de "catastrofismos".
Solo la "Ley Wert" ha recogido el castellano como una lengua vehicular
La LOMLOE también aumenta las restricciones hacia la educación concertada, ya que a partir de ahora los centros no podrán percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones, etc. Este fue uno de los motivos que llevó a la enseñanza concertada a convocar varias manifestaciones de protesta durante las pasadas semanas. De hecho, representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones de la enseñanza concertada registraron este pasado martes escritos dirigidos a la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, y a los grupos parlamentarios solicitando la paralización de esta ley.
Otra de las aportaciones novedosas es que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no se separará al alumnado por su género. Además, en relación con la igualdad de género, se impulsará el incremento de alumnas en estudios de la rama STEM y se promoverá la presencia de alumnado masculino en formaciones con mayor matrícula de mujeres.
Parecía que lo que pasó en junio era un adelanto de lo que nos encontraríamos en esta ley. Con la pandemia se paralizaron las repeticiones de curso, pero no se llevó a cabo de forma excepcional, ya que según este texto los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las materias no superadas le permitan seguir con éxito en su etapa educativa. La educación especial también ha sufrido un golpe al ver que todos sus centros pueden verse en la obligación de cerrar sus puertas.
Entre las enmiendas que salieron adelante destaca esta: los inspectores educativos ya no se elegirán por oposición. Esta decisión provocó, de nuevo, el enfado del sector educativo que sostiene que esta medida fomentará el enchufismo.
Más enfocado hacia los alumnos, otro de los puntos que incluye esta ley es que éstos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la Democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad, para poder así asentar los valores cívicos y contribuir en la formación de ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico. La asignatura de Valores Cívicos y Éticos la cursará todo el alumnado en uno de los cursos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y será impartida por profesores competentes con conocimientos en Filosofía.
La educación afectivo-sexual se fomentará de manera transversal en los estudiantes
La educación afectivo-sexual se fomentará de manera transversal; las administraciones incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de infantil y todos los alumnos recibirán al concluir la ESO un certificado oficial en el que se constata el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa.
Siete leyes educativas
A lo largo de la historia de la Democracia española se han aprobado hasta siete leyes educativas. La LOECE fue una ley marcada por la Constitución y el golpe de Estado, elaborada por el gobierno de Adolfo Suárez con la Constitución de 1978 recién estrenada. Pero no llegó a entrar en vigor. La siguió la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, cuya importancia recae en que incorporó el sistema de colegios concertados. A continuación, se aprobó la LOGSE en 1990 por el PSOE que supuso el fin de la Ley General de Educación de 1970 y también introdujo la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Esta norma es la que permitió a las comunidades autónomas redactar una parte de los contenidos educativos. Además, se adaptó a un modelo más tecnológico en la educación e introdujo la ESO.
El PSOE aprobó la siguiente cinco años después: la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Esta norma fue rechazada por los sindicatos de profesores. La LOCE, en el año 2002, fue promulgada durante el Gobierno de Aznar, pero nunca llegó a aplicarse. En el año 2006, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero publicaba la Ley Orgánica de Educación (LOE), que incluía la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos.
Finalmente, se aprobó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), como propuesta de reforzar de la LOE y de la LOGSE. Esta norma vuelve a dar validez académica a la asignatura de religión, recorta las becas universitarias y recupera las pruebas externas de evaluación o reválidas. Ha encontrado una fuerte oposición en todos los grupos políticos y en la comunidad educativa.