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FSIE denuncia que el Ministerio de Educación pone en situación de inseguridad jurídica a todo el profesorado

  • Sigue exigiendo a todas las administraciones educativas que se establezcan criterios homogéneos
Madrid

El Ministerio de Educación y Formación Profesional mediante una simple Orden aprueba una serie de directrices sobre la promoción de cursos y titulación de etapas que contradicen lo establecido en la vigente Ley Orgánica de Educación.

FSIE comparte que sea el profesorado en función de su autonomía y profesionalidad el que pueda adaptar la evaluación y decisión sobre el alumnado a las circunstancias actuales, pero debe poder hacerlo cumpliendo la legalidad vigente y esta no se ha modificado. FSIE comparte que ante una situación tan extraordinaria como la que estamos afrontando, hay que adaptar el sistema educativo, pero con todas las garantías legales que esto exige.

El Ministerio y también las Comunidades Autónomas que han suscrito los Acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Educación el pasado día 15 de abril, colocan al profesorado en una situación de absoluta inseguridad jurídica al emitir ahora una Orden que permite la promoción y titulación sin tener en cuenta el número de suspensos que se tengan. La Ley Orgánica es taxativa en este asunto, baste como ejemplo que para titular Bachillerato se deben tener aprobadas todas las asignaturas o que para titular en la ESO solo se puede hacer excepcionalmente y con determinadas condiciones con un máximo de tres suspensos.

Esta nueva disposición del Ministerio incrementará las diferencias ya no solo territoriales sino entre centros de la misma Comunidad Autónoma al aplicarse criterios y decisiones muy diferentes en la evaluación del alumnado.

FSIE sigue exigiendo a todas las administraciones educativas que ante esta situación tan excepcional se establezcan criterios homogéneos, claros, concretos y sobe todo que cumplan con la legalidad para que el profesorado pueda actuar y tomar las decisiones que correspondan de forma correcta y cumpliendo con las obligaciones que la Ley les exige. Si las condiciones han de ser otras se debe modificar la Ley Orgánica en vigor, con el respaldo del Congreso que eso requiere, para que se puedan aplicar sin problema y con seguridad tanto para los docentes como para los alumnos y familias.

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