Madrid
"Eliminar todo tipo de segregación en el alumnado". Así comenzaba Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, su presentación del proyecto de Ley de Educación (LOMLOE) este martes. Durante el Consejo de Ministros, Isabel Celaá se ha referido a esta primera medida diciendo que: "Esto significa que hay que tratar que en todos los centros sostenidos con fondos públicos, las necesidades que requieran a su esfuerzo". En cuanto a las medidas que se van a implantar para llegar a este objetivo, Celaá confirmó que: "No vamos a avanzar en la educación a través de medidas proteccionistas, sino a través de inyecciones de calidad". Esta mañana ha presentado los puntos más destacados que tendrá el proyecto de ley de Educación (LOMLOE) que pretende posicionar a España entre los países con una mejor educación. Celaá ha destacado que este proyecto de Ley es "la primera pieza y piedra angular de una profunda transformación del sistema educativo, ambiciosa, exigente, de largo alcance, responsable con nuestros menores y su futuro". Además, ha añadido que "Esta es una ley que busca la justicia, busca libertad para todos, más allá de sus circunstancias".
La ministra de educación se refirió a esta nuevo proyecto como el definitivo que va a conseguir que se llegue a una escuela inclusiva y participativa: "Tendrá como centro la enseñanza personalizada que pueda tratar la diversidad del talento de los estudiantes", explicó.
Esta nueva norma incluye la modernización de la Formación Profesional con la colaboración de todos los agentes implicados; la reforma de la profesión docente; el refuerzo de los planes de cooperación territorial y la reforma del actual modelo de becas que garantice la igualdad de oportunidades. Con el objetivo de lograrlo el Gobierno ha propuesto incrementar progresivamente la inversión hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.
Por primera vez, una ley educativa incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. En este sentido, la tasa de abandono escolar temprano en España se situaba en el 17,3% en 2019, lo que hace que este país sea el primer país con la tasa más alta.
Según Celaá, la reforma también buscaría combatir esta lacra y fomentar la igualdad de oportunidades, con medidas concretas como la de conceder el el título de Bachillerato a los alumnos que tengan una asignatura suspensa, que ha sido contestada desde algunos sectores. Además, explicó en su momento que la reforma parte del "consenso" y "garantiza la igualdad de oportunidades y permite la personalización de caminos formativos adaptados a las necesidades del alumnado", pues el sistema requiere un cambio de "enfoque" y "una nueva filosofía" que no suponga "una carrera de obstáculos para el alumno".
Situación del profesorado y del currículo
"El alma de la educación", así se refirió la ministra a todos los docentes que conforman el sistema de educación español. A pesar de que en ningún momento se refirió a la medida que tiene pensado para el profesorado como "mir docente", la ministra ha indicado que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, habrá una propuesta normativa que regule la formación, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. La idea principal es que los titulados realicen una estancia de prácticas durante un año en un centro educativo. La intención de este periodo es que apliquen sus conocimientos didácticos y psicopedagógicos en contextos reales, reciban una potente formación en investigación e innovación educativa y ejerciten sus competencias docentes. En el caso de que superen este periodo, obtendrían una acreditación para ejercer la profesión, tanto en el ámbito público como en el privado.
El Consejo de Ministros también trató los cambios que se llevarían a cabo en el currículo educativo. En palabras de Celaá: "Se va a aprobar un currículo mucho más competencial, menos enciclopédico, menos memorístico y que también va a afectar a la disposición de los espacios". En este sentido, se incorporará la asignatura de "Valores Éticos y Cívicos" que se impartirá en el último ciclo de Educación Primaria y en la ESO. Además, la ministra también ha destacado que se creará un Instituto de Desarrollo Curricular que va a contribuir, en cooperación con las comunidades autónomas, a la actualización permanente de los currículos y que sean menos memorísticos.
La digitalización es otro de los ejes fundamentales de la ley. Se trata de una iniciativa transversal que implica una nueva forma de construir conocimiento y gestionar la información, y que transforma también la economía y el empleo. Para desarrollar esta estrategia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha elaborado el Plan de digitalización y desarrollo de la competencia digital en Educación y FP.
Asimismo, la religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria, y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. La calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.
Lenguas oficiales y cooficiales
En este borrador se incorporará la posibilidad de que todas las comunidades autónomas decidan libremente el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como "lengua vehicular", con el objetivo de que los alumnos y alumnas sepan expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la educación obligatoria. Según Celaá: "La Ley respeta la Constitución y es la propia Ley la que reclama que al final de la enseñanza obligatoria todos los alumnos tengan el conocimiento del castellano y de la lengua cooficial", indica.
Formación Profesional
Desde el inicio de esta legislatura, Isabel Celaá ha sido una de las más defensoras del sistema educativo de Formación Profesional. Anunció la elaboración de un proyecto de ley de Formación Profesional que articulará por primera vez los dos sistemas de FP, la Formación Profesional del sistema educativo y la Formación Profesional para el empleo. Celaá ha defendido la necesidad de llegar a un acuerdo de modernización del sistema, con el que busca diseñar una oferta única y flexible, así como garantizar el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas durante la experiencia laboral. Para ello, la ministra considera imprescindible la participación del sector empresarial y de los interlocutores sociales.
