El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, en su informe sobre la situación de la lucha contra la corrupción en España, ha suspendido al Gobierno español en su informe de evaluación sobre las medidas de prevención de la corrupción y sobre la integridad en la Policía y la Guardia Civil, por lo que lamenta la inexistencia de una estrategia de prevención de la corrupción dedicada y proactiva (y no meramente reactiva) en la Policía y en la Guardia Civil, para lo que exige una acción decidida.
El organismo europeo considera que "la situación con respecto a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley es decepcionante".
El Greco, en su informe sobre la situación de la lucha contra la corrupción en España, también da un fuerte 'tirón de orejas' al Gobierno español al considerar que las medidas adoptadas en los últimos tiempos se centran en los funcionarios públicos en general y non en los altos ejecutivos de las Administraciones Públicas y sus consejeros.
Regimen disciplinario y cuotas
Con respecto a las Fuerzas de Orden Público, considera que no se ha cumplido la recomendación de revisar el régimen disciplinario de ambas instituciones, con vistas a reforzar su transparencia, objetividad y proporcionalidad, entre otras cosas y, en particular, excluyendo cualquier posibilidad de que un supervisor decida sobre cuestiones disciplinarias.
El Greco recomendó en 2019 que la Policía y la Guardia Civil realizasen una evaluación de riesgos estratégicos de las áreas y actividades propensas a la corrupción para identificar problemas y amenazas emergentes, y que los datos recopilados se utilizasen para el diseño de una estrategia anticorrupción. Así, se propuso desarrollar una consulta conjunta entre ambas, que no se ha desarrollado.
No se han revisado los procedimientos actuales de denuncia de irregularidades dentro de la Policía y la Guardia Civil, con el objetivo principal de fortalecer la protección de la verdadera identidad de los denunciantes y centrarse más en la sustancia de la información proporcionada.
Sin código de buen gobierno
La Guardia Civil tenía que haber adoptado un Código de Conducta y hacerlo público; tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil complementan sus respectivos Códigos con directrices y medidas prácticas para su implementación (por ejemplo, en materia de conflictos de interés, obsequios, uso de recursos públicos, información reservada, actividades accesorias, neutralidad política, etc.), así como un mecanismo eficaz para la supervisión y el cumplimiento. En este ámbito, la Guardia Civil ha realizado progresos, pero la Policía no ha hecho nada.
Se ha ignorado la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre los riesgos de conflictos de intereses en el servicio y post-empleo (incluido el nivel superior), y de desarrollar, a partir de entonces, regulaciones y guías más específicas en este ámbito.
Tampoco se ha reevaluado el sistema de cupos de entrada para los descendientes de la Guardia Civil ni se han fortalecido los procesos de investigación de antecedentes actuales en la Policía y la Guardia Civil e introducir investigaciones de antecedentes a intervalos regulares durante las carreras de los miembros de su personal.
En la misma línea, el Greco recomendó a Policía y Guardia Civil revisar sus procesos internos de carrera (contratación, promociones, nombramientos discrecionales, sistemas de evaluación/méritos) para identificar oportunidades para mejorar el registro y publicación de la justificación de las decisiones. Al revisar tales procesos, se debe prestar especial atención a la integración de las mujeres en todos los niveles de las fuerzas. En este caso, la recomendación se ha implementado parcialmente.
Y solo se ha cumplido de forma parcial la revisión de los criterios y procedimientos para la asignación y retiro de asignaciones, bonos y otros beneficios, promoviendo así la transparencia, consistencia y equidad en su aplicación, así como la introducción de controles y seguimiento adecuados en este campo.
Sin adelantos en la normativa
El Greco subraya que el alcance del procedimiento de cumplimiento es evaluar la aplicación de las recomendaciones, no volver a evaluar la situación ya descrita en el momento de la evaluación. Las autoridades han reiterado, en su mayor parte, las normas que ya estaban en vigor en 2019, cuando se adoptó el Informe de Evaluación de la Quinta Ronda sobre España. La Guardia Civil ha realizado algunos avances en su infraestructura ética (que, sin embargo, aún no se ha materializado de manera efectiva) y en el desarrollo de una regulación más detallada de los procesos relacionados con la carrera, en particular, los sistemas de evaluación, los procedimientos de nombramiento y los incentivos al desempeño.
Igualdad de género
El Greco también reconoce algunos avances valiosos denunciados, tanto por la Policía como por la Guardia Civil, para promover la igualdad de género; esto puede servir de inspiración para otros miembros de la organización europea que se están embarcando en esta política tan relevante.
Dicho esto, el Greco lamenta en particular la ausencia de cualquier otra mejora concreta y fáctica realizada por la Policía; esta es una oportunidad perdida para establecer una infraestructura ética integral, proactiva y efectiva dentro de la fuerza.
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