La plataforma japonesa de negociación de criptomonedas Coincheck, afectada a finales de enero por la sustracción de 427 millones de euros en la criptomoneda NEM, ha permitido a sus usuarios con activos en yenes operar con los mismos desde hoy martes. La reacción ha sido inmediata, según publica el portal financiero Bloomberg: los inversores han retirado 40.000 millones de yenes, unos 302 millones de euros. CaixaBank Research considera el bitcoin más como una burbuja que como una oportunidad.
La plataforma, que congeló las retiradas de yenes y criptodivisas tras el ataque, el mayor desde el sufrido por la ahora desaparecida Mt. Gox en 2014, sigue manteniendo controles sobre la retirada de criptodivisas, estableciendo límites para su venta por otras divisas. De hecho, ahora mismo solo permite intercambiar bitcoins, aunque no retirarlos.
Por lo tanto, la casa de cambio (la segunda mayor del país) ha precisado que esta decisión concierne a las retiradas de activos en yenes propiedad de los usuarios de Coincheck, señalando que dicha fecha "no tiene relación con el pago de indemnizaciones por la transferencia ilícita desde la plataforma de la criptomoneda XEM (unidad de cuenta de la criptomoneda NEM)".
"Atenderemos las solicitudes de retirada en el orden de llegada, por lo que puede transcurrir algún breve periodo de tiempo desde la reanudación de los reembolsos hasta que su transferencia se haya completado", advirtieron los responsables de la casa de cambio.
Por otro lado, Coincheck ha indicado que planea levantar "tan pronto como sea posible" las restricciones a la retirada de criptomonedas a medida que la plataforma sea capaz de garantizar la seguridad en la restauración de las operaciones en cada una de ellas.
Robo de criptodivisas
Coincheck reconoció el pasado 26 de enero haber sido víctima del robo de 523 millones de NEM, cuyo valor rondaría en el momento de conocerse los hechos los 427 millones de euros, viéndose afectados unos 260.000 clientes de la plataforma de cambio, que se ha comprometido a reembolsar a los usuarios afectados unos 378 millones mediante pagos en yenes a través del monedero de Coincheck.
Todavía no se ha aclarado si la casa ha logrado identificar a los ciberdelincuentes responsables del robo. De momento, la inteligencia surcoreana ha apuntado como posibles responsables a hackers de Corea del Norte, mientras que Coincheck sigue sin aclarar, al menos públicamente, lo ocurrido.
En este sentido, la plataforma japonesa también ha anunciado hoy que ha enviado un informe sobre el robo a los reguladores, que ahora deben decidir si le conceden una licencia para operar. La Agencia de Servicios Financieros ordenó a Coincheck que elevase su estándares después del ataque producido a finales de enero, pidiéndole un informe sobre la seguridad de sus sistemas y las medidas que tomaría para evitar que se repita. El informe incluyó una investigación de Coincheck sobre el ataque y los detalles de los pasos para reforzar su sistema de gestión de riesgos, dijo la plataforma en un comunicado.
El ataque ha dejado al descubierto fallos en el sistema japonés de regulación de comercio de criptodivisas y pone en cuestión el intento del país de supervisar el sector - un paso que contrasta fuertemente con las restricciones de autoridades de países como Corea del Sur, China e India.
Se esperan demandas
Pese a permitir a sus clientes retirar yenes de nuevo, Coincheck dijo la semana pasada que mantendría límites en las retiradas de criptodivisas hasta que pueda garantizar que retoma sus operaciones con total seguridad. Un abogado que representa a un grupo de diez operadores de criptomonedas dijo a Reuters que presentará una demanda contra Coincheck el jueves por los límites para retirar criptodivisas.
El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo el martes que las criptodivisas probablemente no suponen una amenaza a corto plazo para monedas como el yen porque se emplean sobre todo para comercio especulativo, más que como medios de pago. Kuroda dijo que el BOJ vigilaba de cerca la evolución del comercio de criptodivisas para asegurar que no mina la confianza pública en la seguridad de los sistemas actuales de pago supervisados por el banco central.