Bruselas podrá multar directamente a los fabricantes de automóviles que incumplan la futura normativa europea sobre las emisiones de los vehículos con un máximo de 30.000 euros por unidad, según han acordado los socios comunitarios, con la intención de que no se repitan comportamientos como el de Volkswagen, que introdujo un software específico para falsear el volumen real de contaminación durante las pruebas de laboratorio.
Ayer, el Consejo Europeo abordó la reforma de la normativa sobre el control de las emisiones de los vehículos, y los estados miembro definieron su posición con vistas a negociar el texto legal definitivo con la Eurocámara y con la Comisión, que presentó su propuesta inicial en enero del año pasado.
Los ministros de Industria estuvieron de acuerdo en dar más poder al Ejecutivo europeo, otorgándole capacidad para realizar inspecciones aleatorias y por sorpresa, añadidas a las que ejecutarán los estados, en este caso a uno de cada 50.000 vehículos puestos en el mercado, como mínimo. Los nuevos controles, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, también incluirán evaluaciones durante la conducción real. La financiación de este esquema -que incluye más coordinación en la homologación de los nuevos modelos- recaerá sobre los fabricantes.
Expedientes a siete países
Adicionalmente, la Comisión tendrá poder para sancionar directamente a los fabricantes que incumplan la normativa, con un mínimo de 30.000 euros por vehículo, siempre que no haya actuado el Estado en cuyo territorio se cometa la irregularidad. En este sentido, Bruselas ha abierto procedimientos de infracción a siete países -Alemania, España, Grecia, República Checa, Lituania, Luxemburgo y Reino Unido- por no sancionar a Volkswagen, que afronta 15.000 millones de dólares en multas en EEUU.
En España, Facua calcula que hay 700.000 vehículos afectados por la manipulación fraudulenta de motores de las marcas Volkswagen-Audi y Seat.
Un estudio publicado hace dos semanas en Nature calcula que las emisiones de los diésel por encima de los límites legales causan 38.000 muertes prematuras en el mundo, de las que 11.400 son en Europa.
