Todos los coches analizados en España sobrepasan los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) permitidos por la normativa europea en condiciones de circulación real. Así se desprende del informe elaborado por Industria entre diciembre de 2015 y agosto de 2016, al que ha tenido acceso El País, y en el que se analizaron 16 modelos de hasta cuatro marcas distintas.
En concreto, los coches analizados son de Seat (León 2.0 TDI 125 KW (EU5), Seat Altea 1.6 TDI 77 KW (EU5), Seat León FR 2.0 TDI 110 KW (EU5), Seat León 1.6 TDI 81 KW (EU6) y Seat Ibiza 1.4 TDI 66 KW (EU6); Ford (Fiesta 1.5 TDCI 55 KW (EU5), Fiesta 1.6 TDCI 70 KW (EU5) y Fiesta 1.5 TDCI 70KW (EU6); Nissan (Qashqai 1.5 Diésel (EU5), Juke 1.5 DCI (EU5), Qashqai 1.5 Diésel (EU6) y Juke 1.5 DCI (EU6)); Volvo (S60 2.0D 100KW (EU5), XC60 2.0D 110KW (EU6) y V60 2.0D 110KW (EU6); y Ssangyong Tivoli 1.6 Diésel (EU6).
De acuerdo con el informe elaborado por España, los resultados de emisiones de todos ellos superaron en entre 1,8 y 12,6 veces los límites establecidos por Europa. Actualmente, los vehículos diésel no pueden superar los 80 miligramos de emisiones de óxido NOx, de acuerdo con la normativa comunitaria -Euro 5 y Euro 6-.
El análisis, además, pone de relieve uno de lo grandes obstáculos que impiden erradicar el problema de las emisiones: el oscurantismo que han mantenido a lo largo de todos estos años las marcas en cuanto a los resultados de las mediciones. Se ha hallado una "discrepancia de los valores obtenidos [en las pruebas de laboratorio] con los que se obtendrán en conducción real". Las firmas, a las que hasta ahora les han bastado las pruebas de laboratorios para homologar sus vehículos, se verán obligadas desde septiembre a realizar este procedimiento en condiciones de tráfico real para hacer un baremo lo más real posible y lograr homologar cada uno de sus modelos, de acuerdo con la nueva normativa.
El informe de España se suma a los elaborados por Francia, Alemania o Reino Unido, entre otros, como resultado de un esfuerzo conjunto por mejorar las emisiones de los vehículos. Desde que estallase el 'Caso Volkswagen' en septiembre de 2015, los Gobiernos de los 28 acordaron realizar pruebas exhaustivas antes de aprobar la homologación para toda la Unión Europea (UE) de un motor.
Europa, insatisfecha con el informe español
Destacan los casos de los modelos de Nissan y Ssangyong, pues "debido a motivos de seguridad del vehículo y de acuerdo a lo permitido en la reglamentación europea, algunos dispositivos contaminantes son desactivados cuando la temperatura ambiente no se encuentra en unos márgenes concretos". Un hecho válido a juicio del Gobierno español, quien a su vez ha aprovechado para reclamar "una mayor clarificación, por parte de la Comisión Europea, con respecto a las condiciones de uso de dichos dispositivos". Al mismo tiempo, exige a los fabricantes que especifiquen todo lo relativo "la activación y desactivación de los dispositivos de control de las emisiones".
Europa, por su parte, no está satisfecha con el informe presentado por España. El documento, de 34 páginas frente a las más de 100 que conforma el escrito del resto de Estados europeos que lo han presentado, parece no cumplir con las expectativas de la Comisión, con lo que "espera un informe final y espera recibirlo pronto", han asegurado fuentes europeas.
El Gobierno se ha mostrado reticente a publicar los resultados durante todo este tiempo, pero finalmente se ha visto obligado por la Ley de Transparencia y como consecuencia de las peticiones de las ONG Ecodes y Transport and Environment.
Esta no es la primera vez que Europa recrimina a España una colaboración insuficiente. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, Bruselas expedientó a España y a otros seis países de la UE por el 'caso Volkswagen' al considerar que no aplicaron las penas correspondientes al detectarse en septiembre de 2015 que el fabricante alemán utilizaba un "software" ilegal para superar los test de emisiones en el laboratorio. Economía alegó entonces que se tomaron "acciones oportunas" y que España seguirá colaborando.
No obstante, el Consejo de Ministros decidió en septiembre del año pasado suspender el procedimiento sancionador incoado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Seat justificando la imposibilidad de avanzar ante la existencia de actuaciones judiciales en curso por dichos hechos.
