La Agencia Tributaria y la Guardia Civil investigan un entramado societario con el fondo de inversión de fútbol Doyen Sports Investment Limited como telón de fondo que podría haber defraudado más de cinco millones de euros por la compra de derechos económicos de futbolistas y la financiación de fichajes y clubes. El administrador del fondo, Nelio Freire Lucas, y los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar, además de la pareja de López y el hermano de Aguilar, están siendo investigados por un posible delito contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales.
Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la 'operación Dean', están llevando a cabo distintas actuaciones en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, con el fin de obtener elementos probatorios.
Estas actuaciones están bajo la dirección y coordinación del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, quien ha ordenado la realización de varios registros en domicilios, así como requerimientos de documentación a múltiples sociedades, según ha informado este miércoles el Ministerio de Hacienda. Todo se debe a la admisión por parte del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación se inició a principios del año pasado centrándose en las operaciones llevadas a cabo en España por el fondo de inversión Doyen, constituido en el año 2011 con sede en Malta.
Las actividades de este fondo consistieron en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos. Asimismo, financió fichajes y facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo ello bajo el asesoramiento de bufetes de abogados.
Los investigados pudieron ocultar los beneficios de la venta de derechos de jugadores de fútbol
Según explica Hacienda, los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes de futbolistas, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera de España para no declarar a la Hacienda Pública los beneficios obtenidos.
Para la comisión de los fraudes detectados se ha utilizado una "compleja" estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y de la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad supuestamente defraudada a la Hacienda Pública española en más de 5 millones de euros.
De momento, son las cinco personas anteriormente enunciadas las que están siendo investigadas, aunque varias decenas prestarán declaraciones testificales. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.
Según El Mundo, se ha pedido documentación al Getafe, el Atlético de Madrid, el Sporting de Gijón, el Valencia, el Granada, el Cádiz, el Elche, el Sevilla, la RFEF y LaLiga, aunque en ningún caso están siendo investigados.
Las investigaciones de la Audiencia Nacional se fijarían especialmente en la compra de derechos de Guilavogui al Atlético de Madrid, el asesoramiento en la compra de Falcao por parte de los rojiblancos y la compra de determinados porcentajes de jugadores como Kondogbia, Stepanvic, Babá y otros del Sporting de Gijón.