Valencia
Nueva prórroga para el Valencia Club de Fútbol y la finalización de su nuevo estadio, cuyas obras llevan más de una década paralizadas. El Gobierno valenciano vuelve a intentar meter presión a Peter Lim, el principal accionista del club, al iniciar la caducidad del acuerdo urbanístico que permita al Valencia CF, pero a la vez le concede 90 días para que presente "una propuesta creíble y garantizada financieramente" para acabar el Nuevo Mestalla en la Avenida de las Cortes.
Un gesto con el que se intenta forzar al equipo valencianista a que destine el dinero que está previsto que reciba dentro del acuerdo firmado entre el fondo CVC y laLiga a acabar con la estructura de hormigón a medio construir en Valencia. Esa operación permitiría al club ingresar en torno a 120 millones de euros, un balón de oxígeno para el equipo que atraviesa una delicada situación financiera desde hace años.
De hecho, la anulación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) supondría recortar los derechos urbanísticos del Valencia sobre la parcela del actual Mestalla, que contempla un uso de más de 130.000 metros cuadros edificables, más de 70.000 metros cuadrados para uso residencial y el resto para terciario.
Los terrenos con esos derechos son el patrimonio fundamental de la sociedad deportivo y su venta, frustrada en varias ocasiones, era la principal fuente de financiación prevista para el traslado al Nuevo Mestalla. Su anulación supondría un duro golpe financiero que también haría más difícil reiniciar las obras.
Un callejón de salida que la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra calificó de "galimatías jurídico". Precisamente por ello, Oltra aseguró que la intención de la Generalitat es pactar un acuerdo para finalizar el estadio tras años de continuos incumplimientos y acuerdos en papel mojado. "La introducción de los 90 días permite que si lo que plantea la Liga y CVC el dinero se dedique a finalizar el estadio", explicó.
Puede costar "una millonada"
La vicepresidenta valenciana reconoció que en caso de judicializarse "nos puede costar una millonada a los valencianos", además de que "puede tardar décadas en solventarse". Según Oltra, el acuerdo del Consell también trata de blindar legalmente el proceso, ya que "el informe de la Abogacía de la Generalitat dice que la primera fase está incumplida, pero el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia considera que esa fase ha cumplido".
Según un informe de la Abogacía General de la Generalitat, al resultar inviable la sustitución del promotor se tiene que proceder a la caducidad de la actuación con las consecuencias que esto comporta para el proyecto aprobado en 2012. Precisamente la fórmula de la ATE estaba diseñada para agilizar los trámites, algo que en este caso no ha servido para que se retomasen las obras por los problemas financieros del club, que además cambió de manos en 2014 con la llegada de Peter Lim.
