
De todas las declaraciones que Yolanda Díaz y María Jesús Montero han realizado sobre que el salario mínimo interprofesional pague o no el impuesto sobre la renta, hay una cifra que genera confusión y que explica por qué Hacienda no quiere tocar el IRPF. La ministra de Hacienda dijo que, si se subía el mínimo exento de retención del actual nivel de 15.876 a 16.576 euros —el salario mínimo de 2025—, se dejaría de ingresar hasta 2.000 millones de euros. Esta cifra es distinta de la que Hacienda espera recaudar directamente de la subida de los trabajadores del SMI: unos 300 millones de euros. ¿De dónde salen los 2.000 millones?
"La ministra se refiere al 'error de salto' de los tramos del IRPF", indica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, sindicato que agrupa a los técnicos de Hacienda. El error de salto es un fenómeno del IRPF que genera un efecto confiscatorio en la retención del impuesto sobre la renta. "Si no existiera un mecanismo que lo evitase, podría darse el caso de que personas con salarios brutos más altos podrían llegar a cobrar menos en neto por el pago de impuestos que alguien que cobra el salario mínimo", agrega Mollinedo.
Para suprimir el error de salto, la ley establece un sistema doble: una serie progresiva de deducciones en las retenciones de hasta 21.500 euros anuales antes de retenciones y un techo en el porcentaje de retención del 43% para los ingresos de hasta 35.200 euros. "De esta manera, las retenciones del impuesto son más 'planas' y no suponen una pendiente con saltos tan grandes en los tramos más bajos", explica Mollinedo. Así, se paga mensualmente menos impuesto sobre la renta, tanto en términos absolutos como relativos.
No es lo mismo retener que liquidar el IRPF
La filosofía del impuesto sobre la renta es dividir los ingresos de los ciudadanos en bloques que pagan diferentes porcentajes de renta. Cuanto más gana una persona, se van añadiendo nuevos bloques con retenciones y liquidaciones más altas. De esta manera, un ciudadano va pagando progresivamente más impuestos conforme gana más dinero. Este sistema tiene un fallo que está detrás de la pelea entre Montero y Díaz: la diferencia que hay entre los bloques, los denominados 'saltos de la renta'.
El impuesto sobre la renta tiene dos tablas que diseñan los 'bloques': las de retención y las de liquidación. Las tablas de retención son competencia exclusiva de Hacienda y consiste en el porcentaje que se paga como anticipo del IRPF que los trabajadores van aportando mes a mes a la Agencia Tributaria a través de la nómina.
La liquidación es lo que finalmente se paga del impuesto sumando todas las fuentes de ingresos de una persona en la declaración de la renta. Esta parte se divide en un tramo estatal y tramo autonómico. "Esta tributación final es distinta que la retención —indica Mollinedo—. La retención actúa como una tributación provisional". Cuando una persona presenta la declaración, se añaden las deducciones, los mínimos personales, y los cálculos de los tramos autonómicos. "Lo que hace que dos tercios de las declaraciones salgan a devolver todos los años", añade.
En el caso de las retenciones, el primer 'bloque' del IRPF llega hasta los 15.876 euros (en el caso sin ninguna bonificación por hijos ni cónyuge). Todas las personas que ganan esta cantidad o menos no tienen ninguna retención del IRPF; ni en la nómina ni en su actividad como autónomos y, por tanto, no pagan el impuesto en su nómina mensual. Como no tienen obligación de presentar la declaración, muchos no pagan en la práctica nada de IRPF. "Sin embargo, si una persona gana aunque sea un céntimo más, automáticamente todo ese importe es retenido por Hacienda", apunta Mollinedo.
El resultado sería que el sueldo que llega a la cuenta bancaria sería menor. "Se produciría un efecto pernicioso en términos laborales y económicos: ¿por qué querría alguien una categoría superior si en el banco me ingresarán lo mismo o menos?", razona Mollinedo. No obstante, esta persona, si presentara la declaración de la renta, tendría en muchos casos una devolución del dinero.
Para disminuir estos 'errores de salto', la normativa tiene una serie de mecanismos que recalculan el importe que retiene Hacienda. De esta manera, los salarios inmediatamente superiores a la parte exenta tienen un techo para evitar el efecto confiscatorio. Si sube la parte exenta, las retenciones de los sueldos inmediatamente superiores también se recalculan. "A una persona que cobre 17.000 euros, por ejemplo, le retendrían menos IRPF si el mínimo exento subiera y se igualara con el salario mínimo de este año", indica Mollinedo. Como el límite para que la declaración sea obligatoria es a partir de 22.000 euros, el trabajador que cobra 17.000 euros podría decidir no presentarla y pagaría al final menos IRPF. ¿Cuánto menos se pagaría de IRPF? Según María Jesús Montero, entre 1.700 millones y 2.000 millones de euros menos al año.
Mollinedo explica que la cifra de la ministra de Hacienda no les convence. "No hemos hecho el cálculo de los 2.000 millones de euros, pero sí de los 300 millones que pagarán a quienes les retengan el IRPF en el SMI. A nosotros nos sale 160 millones de euros".
El secretario general de Gestha indica que para la estimación han tenido en cuenta que la retención se practicará a aquellas personas que tengan jornada completa y contrato durante todo el año. "Las personas a media jornada o que tengan contratos temporales probablemente estén por debajo y no se les retenga".
¿Qué pueden hacer las comunidades autónomas?
Poco. "La competencia en el sistema de retención de salarios es del Gobierno", indica Mollinedo. Donde pueden actuar las comunidades autónomas es en el pago definitivo del impuesto en la declaración de la renta: al incrementar los porcentajes o aumentar las deducciones del tramo autonómico, las personas podrían recuperar parte del importe pagado mes a mes en la nómina.
Comunidades como Andalucía se han negado a utilizar esta receta, ya que automáticamente afectaría a todos los contribuyentes. "No podemos rebajar los tipos del tramo autonómico del IRPF de modo que afecte solo a los perceptores del SMI", dijo Carolina España, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en una entrevista a elEconomista.es.
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