Este viernes debería terminar la Cumbre Climática de Madrid (COP 25), y así lo pretende la presidencia chilena, pero en la tradición y en las quinielas figura que el encuentro se prorrogue hasta altas horas de la madrugada, con la intención de alcanzar algún acuerdo que permita calificarlo de exitoso. Este jueves había varios obstáculos encima de la mesa, pero el principal era el diseño de los mercados de carbono, sin olvidar la solidaridad entre países ricos y pobres, es decir, cuánto pagar para contener la temperatura planetaria y cómo repartir el coste.
Imagínese que forma parte de una tribu de pescadores primitivos. El río les ha permitido crecer y multiplicarse, pero ahora hay muchas bocas que mantener y el pescado escasea. Una asamblea debe decidir una limitación de las capturas y repartirlas de un modo justo entre la gran familia. Abundan los niños en la plaza de la aldea donde los mayores debaten.
Ahora imagínese que forma parte de una delegación diplomática de la COP 25. Se enfrenta al mismo problema que los pescadores, pero a escala global: desde el inicio de la revolución industrial, hace 250 años, la población se ha multiplicado por siete, hasta alcanzar los 7.500 millones de personas, y las proyecciones apuntan a que se superarán los 10.000 millones a mediados de siglo.
Durante estos 250 años no nos ha ido tan mal; la esperanza de vida media ha pasado de los 30 a los 72 años, hemos puesto el pide en la luna y vivimos un despegue tecnológico y científico que nos permiten conocer los límites de temperatura del planeta que no debemos superar con las emisiones de CO2 de nuestra vida cotidiana.
Usted, diplomático en la COP 25, sabe que las emisiones tienen que reducirse en un 45% hasta 2030 -sobre los niveles de 2010- para que la temperatura no supere los 1,5º centígrados. En realidad, se enfrenta al mismo problema que cuando se imaginaba pescador: la tribu debe apretarse el cinturón y buscar alternativas a los peces, y debe decidir, de un modo justo, cuántos peces pesca y cómo los reparte.
Ponerle precio al CO2
Ahora no son peces, sino toneladas de CO2. El principal asunto pendiente de las reglas del Acuerdo de París, que debería solucionarse en esta COP 25, es el desarrollo de mercados de carbono, es decir, ponerle precio a la tonelada de CO2 -como si fuera una divisa más-, para incorporarlo a los demás costes del tejido productivo, de modo que se encarezcan las actividades y bienes que exijan más emisiones de carbono y se abaraten las demás.
Los mercados de carbono nacieron con el Protocolo de Kioto, en 1997. Desde entonces hay varios globales de carácter voluntario y unos pocos vinculantes de carácter local, en EEUU, China, y, sobre todo, la UE, al que acaba de sumarse Suiza.
En la UE hay un mercado de derechos de CO2 (ETS en inglés) al que está sometida la generación eléctrica y la industria pesada, hay limitaciones directas -desde 2020 los fabricantes de automóviles serán multados si las flotas que vendan emiten más de 95 gramos por kilómetro-, hay impuestos al carbono en varios países...
Los diplomáticos de la COP25 discuten sobre qué parte de los mercados de carbono y la doble contabilidad del CO2, entre otras cuestiones
Y se quiere avanzar más: la nueva Comisión extenderá el ETS a la edificación y al transporte y, también, establecerá un arancel de carbono para compensar los mayores costes que soporta la industria europea en relación a la competencia de otros países sin costes de CO2.
Los ancianos de la tribu de pescadores discutirían sobre tramos de pesca y especies, sobre el trato a otorgar a las familias más pobres, sobre la organización de expediciones para buscar otras tierras y otros recursos...
Los diplomáticos de la COP25 discuten sobre qué parte de los mercados de carbono alumbrados con Kioto deben incorporarse a los nuevos mercados; sobre cómo evitar la doble contabilidad de CO2; sobre cómo ir acompasando la integración de los nuevos mercados con los existentes para no perjudicar a estos últimos; sobre cómo compaginar el arancel de carbono de la UE con las reglas de la OMC; sobre qué proporción de lo que se recaude con el CO2 debe destinarse a ayudar a los países pobres...
Y eso deriva en los demás asuntos pendientes de las reglas del Acuerdo de París, como el mecanismo de pérdidas y daños, para afrontar las peores consecuencias del calentamiento, o el Fondo Verde para el Clima, esos 100.000 millones anuales prometidos por los Estados ricos a los pobres a partir de 2020, por su mayor responsabilidad histórica y actual en el volumen de CO2 de la atmósfera. Este 2019, lejos de bajar, como debiera, el CO2 habrá crecido un 0,6%, con 36.800 millones de toneladas más.
