Contencioso administrativo

El Decreto que suspendió la actualización de las pensiones en 2012 es constitucional

Foto: Archivo

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad del real decreto-ley de noviembre de 2012 que dejó sin efecto, para ese ejercicio, la actualización de las pensiones en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

La sentencia, de 5 de marzo de 2015, indica que, cuando se aprobó el real decreto, los pensionistas tenían una mera expectativa de derecho a la actualización de su pensión, pero no un derecho "consolidado, asumido e integrado en su patrimonio", lo que impide considerar inconstitucional la medida.

Según los recurrentes, la norma impugnada establece una medida de carácter retroactivo que vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, que regula el principio de irretroactividad de las leyes, en cuanto es contraria al derecho de los pensionistas a recibir "pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas".

El fallo, del que ha sido ponente la magistrada Roca Trías,   recoge el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución "no es un principio general" sino que está referido "exclusivamente"a las normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Esto implica que, fuera de esos dos supuestos, "nada impide constitucionalmente al legislador dotar a la ley del grado de irretroactividad que considere oportuno". Además, lo que prohíbe el artículo es la incidencia de la nueva ley en los "derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas".

En este caso, según los recurrentes, la norma impugnada deja de atender la obligación de actualizar las pensiones ya recibidas durante el ejercicio 2012. Es decir, los pensionistas tenían derecho a recibir una compensación de esas pensiones en función del incremento real del IPC. Por lo tanto, en su opinión, el real decreto-ley incide sobre un derecho consolidado.

El Pleno explica que la Ley General de la Seguridad Social y el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado contienen dos mandatos diferentes: por un lado, la revalorización de las pensiones al comienzo de cada año en función del IPC previsto para dicho año; por otro lado, la actualización de dicha revalorización en aquellos casos en los que el IPC correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio al que se refiere la revalorización sea superior al previsto. En este último supuesto, cuando hay un desfase entre el IPC real y el IPC inicialmente previsto, se actualizarán las pensiones "de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)".

Según el Pleno, la remisión que las dos citadas normas hacen a la LPGE no puede entenderse, como pretenden los recurrentes, como "una mera remisión a los efectos de que esta ley habilite la correspondiente partida del gasto presupuestario", sino que "supone el reconocimiento al legislador de un margen de discrecionalidad a la hora de concretar la eventual actualización de la revalorización en función de las circunstancias económicas y sociales en cada momento existentes, todo ello con la finalidad de asegurar la suficiente solvencia del Sistema de Seguridad Social".

El Tribunal señala también que la referencia "de noviembre a noviembre" es una mera regla de cálculo y que la eventual actualización de la pensión sólo "se devengaría" y, por tanto, quedaría "consolidada", el 31 de diciembre de cada ejercicio. Esto implica que sólo en ese momento "podría hablarse de un derecho adquirido a la actualización de la revalorización de las pensiones realizada en los términos previstos en la Ley de Presupuestos". Por ello, el 30 de noviembre de 2012, cuando se dictó el real decreto impugnado, ?los pensionistas solo tenían una mera expectativa a recibir la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto, expectativa que debiendo ser concretada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio, para el año 2012 quedó sin efecto por haberse suspendido con anterioridad a su consolidación?.

En consecuencia, concluye el Constitucional, como en la fecha de aprobación del real decreto "no existía una relación consagrada o agotada incorporada al patrimonio del pensionista, sino una mera expectativa, hemos de rechazar que la norma cuestionada haya incurrido en un supuesto de retroactividad auténtica o de grado máximo prohibido por el artículo".

En su voto particular, los Magistrados Valdés, Ortega, Asua y Xiol consideran que debió declararse la inconstitucionalidad del precepto impugnado por vulneración del principio de irretroactividad de las normas. En su opinión, la "expectativa" a ver actualizada la pensión se convierte en un "derecho adquirido" en el momento en el que se cumple la condición que la ley establece para que se actualicen las pensiones: esto es, cuando el IPC real es superior al IPC previsto. Una vez materializada dicha condición, el derecho de actualización comprende toda la anualidad, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

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comentariosforum5

Ramon
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En una verdadera y auténtica Democracia, los 3 Poderes, Judicial, Legislativo y Ejecutivo, deben ser asimetricos y separacion de Poderes. En esta España, el PODER EJECUTIVO, maneja y manipula a los 2 Poderes restantes, lo cual la convierte a España en una Democracia Bananera. Así de claro y mas claro agua. Las pensiones ha sido un decisión política, con nada menos 4 votos Particulares, lo que dice suficiente de este Gobierno que junto con los otros, resultan MAFIA = PP(s.o.)E y CIU

Puntuación 6
#1
josan
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UNOS CERDOS,.

Puntuación 3
#2
Xiuseppe
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Y que va a decir el Presidente del Tribunal Constitucional, si como militante del PP, es el perro guardián de los intereses de este gobierno y no del pueblo.

Puntuación -1
#3
MMM
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MIENTRAS LA DERECHA SIGA EN EL PODER LA CLASE MEDIO BAJA,,SERA MACHACADAY SOMETIDA POR ESTOS ,POR EL CANBIO PARA UNA ESPAÑA MEJOR.Y FUERA LOS PRIVILEGIOS DELOS POLITICOS Y AMIGUETES

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#4
tolstoi
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..Y comerse un piruli también es constitucional, ¿Quién es el responsable? ¿Rajoy? VALE, JUBILADOS Y ASOCIACIONES DE JUBI.ADOS, NO HAY QUE VOTAR AL PP. YA ESTA. LA SEMANA PROXIMA REUNION EN CADA ASOCIACION. BIS A BIS; NO VOTAR PP. ALA; NI PSOE, CLARO,,.

Puntuación 0
#5