El Ministerio de Justicia ha abierto una consulta pública sobre el anteproyecto de ley por el que se regula el nuevo procedimiento de medición de la edad de los menores extranjeros no acompañados.
Con esta norma se pretende dar respuesta, por un lado, a las observaciones hechas a España por el Comité de Derechos del Niño, en las que se ponía de manifiesto las deficiencias que el actual sistema para la determinación de la edad tenía, y por otro lado, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición final vigésimo cuarta de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Todo ello, sin olvidar la doctrina crítica del Tribunal Supremo, aún no recogida por el legislador.
Las críticas a la normativa vigente son especialmente profusas entre las instituciones nacionales e internacionales encargadas de velar por el respeto de los Derechos Humanos y entre los sectores de la sociedad civil comprometidos con los derechos de los menores extranjeros no acompañados, como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA) o la División de derechos del Niño del Consejo de Europa.
Asimismo, atendiendo al criterio expuesto por la propia institución que en nuestro ordenamiento jurídico tiene encomendada actualmente la competencia en la tramitación del expediente de determinación de edad, el Ministerio Fiscal, que aboga por una modificación del procedimiento de determinación de edad ya en la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2019.
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