El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha conseguido el plácet del Ministerio de Hacienda para asumir los ingresos por el canon anual derivado de la explotación de las áreas de servicio en los nuevos contratos de conservación de carreteras.
Hacienda ha accedido a transferir esta partida, que hasta ahora ingresaba en sus arcas, al departamento que dirige Raquel Sánchez, que reforzará así sus fondos para impulsar la inversión fundamentalmente en el mantenimiento de la red estatal de carreteras y paliar así el déficit acumulado.
Este cambio fue solicitado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos al Ministerio Fiscal en el marco del nuevo pliego de contratación aprobado para la conservación de carreteras, que ha sumado a los trabajos habituales de mantenimiento de la infraestructura la explotación de las áreas de servicio en las que se ubican gasolineras, cafeterías y restaurantes, entre otros, tal y como adelantó elEconomista.
La transferencia tiene ya su plasmación legal, con entrada en vigor desde el pasado viernes. Así, la Ley 13/2021, de 1 de octubre, en su disposición tercera, modifica la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras para añadir un nuevo artículo 27.bis, que determina que "el importe de los derechos liquidados por el uso o explotación de las áreas de servicio y otros elementos funcionales de la carretera quedará afecto a la financiación de los servicios y obras de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE), con el fin de que estos ingresos queden vinculados a esta actividad y así contribuir a asegurar una adecuada financiación de la conservación de la RCE que hoy en día presenta cierto déficit acumulado y unas necesidades en aumento".
La Dirección General de Carreteras (DGC) ya ha licitado y adjudicado los primeros contratos con el nuevo pliego para las autopistas que revirtieron al Estado el pasado 31 de agosto, la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y los tramos de la AP-7 La Jonquera-Montmelo, Montmelo-Papiol, Papiol-Tarragona y Papiol-Molins de Rei. La supresión de los peajes implica costes adicionales para la Administración por el mantenimiento de estas vías, en un contexto, además, en el que las partidas presupuestarias ya eran insuficientes para la óptima conservación de la red de carreteras, con un déficit acumulado que supera los 8.000 millones de euros. Es por ello que Transportes lleva tiempo trabajando en distintas medidas.
La implantación de más gasolineras, electrolineras u hoteles abre una vía a elevar los ingresos para carreteras
Es el caso de la inclusión de la explotación de las gasolineras en los contratos de conservación. Así, se estima que el canon que las empresas pagan por este servicio representa aproximadamente la mitad del coste de la conservación. De este modo, la DGC rebaja significativamente la factura y obtiene margen para acometer una inversión mayor en mantenimiento u obras, en un contexto en el que, además, la carretera apenas recibirá financiación de los fondos europeos para la recuperación.
El nuevo pliego otorga, asimismo, flexibilidad para incluir dentro de los contratos de conservación de carreteras otros servicios dentro de la infraestructura, como los vinculados a nuevas gasolineras, electrolineras, establecimientos de restauración u hoteles, entre otros. Con ello, Transportes podría incrementar los ingresos por el canon anual que las empresas pagan por su explotación.
