Valencia
La consejería valenciana de Vivienda, liderada por el vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau (Unides-Podem), explicó este jueves que la Generalitat Valenciana ha ejercicio su derecho de tanteo para adquirir un paquete de viviendas protegidas que Banco Sabadell iba a traspasar al fondo Cerberus. Se trata de un total de 218 inmuebles ubicados en distintos municipios valencianos por los que la autonomía pagará 8,5 millones de euros (a una media de 39.000 euros por vivienda).
El dirigente, que no citó el nombre del fondo americano -confirmado a este diario por fuentes de la operación-, indicó que el mencionado derecho de tanteo "se enmarca dentro del Decreto ley para la ampliación del parque público de vivienda, aprobado por el Consell el pasado 5 de junio".
Esta versión difiere con la posterior explicación de Banco Sabadell, que relató a elEconomista que en ningún caso ha podido aplicarse esta normativa, pues los activos, procedentes de los Servicios de Gestión de Vivienda e Innovación Social del banco Sabadell (Sogeviso), formaban parte de la gran cartera cuyo traspaso al fondo se firmó el pasado mes de diciembre, cuando todavía no estaba en vigor la nueva norma.
No obstante, la legislación vigente en aquel momento, impulsada en 2004 por el Gobierno valenciano del PP, también permitía ejercer el derecho de tanteo ante el traspaso de viviendas protegidas, como ha sido el caso. Y en base a esta normativa (y previa notificación a la Generalitat Valenciana por parte de Banco Sabadell), el actual gobierno de coalición de la Comunitat Valenciana se ha sumado a la operación con el objetivo de adquirir los inmuebles.
La mayor operación de tanteo
La Generalitat Valenciana destinará los activos a vivienda social, según expuso Dalmau, que aseveró que se trata de una compraventa "histórica para la Comunidad Valenciana" por tratarse de "la mayor operación de adquisición de vivienda pública mediante tanteo que se ha hecho nunca en España".
El dirigente subrayó que se trata del punto de partida hacia el objetivo recogido en el Plan Hàbitat 20-30, que persigue "duplicar, en un plazo de 10 años, el parque público de viviendas y ponerlas inmediatamente a disposición de la gente más vulnerable".
"Cuando el Banco Sabadell notificó la transmisión de todas estas viviendas a un fondo de inversión nos vimos con la obligación política de impedirlo, pues no concebíamos la idea de dejar pasar la oportunidad de comprar un paquete de viviendas tan importante que, de no haberlo hecho, habrían terminado en las manos de quién quiere hacer negocio, no para solucionar la vida de la gente", subrayó Dalmau.
