Valencia
La nueva ley valenciana de urbanismo -la Ley 1/2019 de 5 de febrero, que modifica la Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Generalitat Valenciana, más conocida como la Lotup-, materializa una reivindicación de los promotores para aligerar el embudo que existe actualmente con las licencias de obra en ciudades como Valencia. Se trata de "la ampliación del alcance de la declaración responsable con el fin de simplificar los procedimientos urbanísticos, de tal forma que determinadas actuaciones urbanísticas, antes sujetas a licencia, estarán sujetas ahora a una declaración responsable". En definitiva, una novedad importante que solicitan desde hace años los empresarios del sector a modo de 'desatascador' burocrático para su actividad.
Así se puso de manifiesto durante el Foro de Actualidad en el Urbanismo Valenciano organizado por el despacho de abogados Andersen Tax & Legal para "abordar las novedades en el régimen jurídico de los títulos habilitantes urbanísticos y el desplazamiento de la licencia por la declaración responsable". En esta jornada participaron José Vicente Morote, socio director de la práctica de Derecho Público y Regulatorio de Andersen Tax & Legal en España; Argimiro Mayoral, asociado senior de la firma; y Manuel Latorre Hernández, secretario del Área de Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda del Área de Movilidad Sostenible y Espacio Público del Ayuntamiento de Valencia; así como profesionales y representantes tanto de la administración pública como del sector privado.
Además, según precisa el despacho, se abordó "el análisis del proyecto de Decreto del Consell, actualmente en tramitación, por el cual se regulan las funciones y el registro de las entidades colaboradoras de la administración en la verificación y control de las actuaciones urbanísticas (ECUV)". "El objeto de dicho Decreto es la regulación del sistema de habilitación, funcionamiento y registro de estas entidades, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Novena de la Lotup introducida por la Ley 1/2019, siendo previsible su aprobación durante las próximas semanas y que, sin duda alguna, implicará una simplificación de los procedimientos urbanísticos relativos a la obtención de los correspondientes títulos urbanísticos habilitantes que legitimen, en general, la ejecución de obras e implantación de usos", explicó Andersen.
Declaración responsable
José Vicente Morote confía en que la ampliación de la herramienta de la declaración responsable "evite esperas indeseadas a los promotores y permita una agilización". Todo lo que camine hacia la agilización de los procesos administrativos creemos que es acertado", indica. Según detalla el socio director de Derecho Público y Regulatorio de Andersen Tax & Legal, la Lotup establece que actividades como los movimientos de tierra con fines urbanísticos, la construcción de nueva planta, la ubicación de casas prefabricadas y o la tala de masas arbóreas requieren de licencia previa por parte del ayuntamiento competente para su realización. Por contra, bastará con una declaración responsable para acometer obras de reforma o para la primera ocupación del inmueble. En el caso de este último procedimiento, el de la primera ocupación, la posibilidad de acometerla antes de que se produzca el visto bueno del Ayuntamiento es una novedad que representa "un avance significativo", según Morote.
A su juicio, permitirá a ayuntamientos saturados como el de Valencia "centrarse en el volumen que tienen para la concesión de licencias de obra, de modo que se deberían agilizar tanto la primera ocupación de los inmuebles como las licencias de obra. La Lotup, según agrega el dirigente, permite elegir a los consistorios si someten este trámite a la licencia previa o si lo agilizan permitiendo la primera ocupación con la emisión de una declaración responsable certificada por una entidad colaboradora, a la espera de una posterior revisión municipal.
Morote considera que este avance mediante la declaración responsable sitúa a la Comunitat Valenciana en un procedimiento "más parecido al de otros países de Europa", donde "las normativas en materia de liberalización de servicios instan a que los instrumentos de control sean lo menos invasivos posible". "España tiene problemas graves de atascos de licencias que derivan en ocasiones en esperas de hasta dos años. También de falta de diligencia por parte de ayuntamientos que solicitan varias subsanaciones en distintos trámites en lugar de concentrarlos en uno solo para reducir el tiempo de espera. Creemos que esta ampliación de la declaración responsable puede ser un avance para resolver estas cuestiones", opina.
Gestión directa
Por contra, Morote apunta que la nueva Lotup también introduce aspectos negativos. "Da prioridad a la gestión directa de los proyectos urbanísticos por parte de los ayuntamientos sobre la figura del agente urbanizador y sobre la gestión por parte de los propietarios. Todas, en el futuro, deberán desarrollarse desde la administración y, solo en el caso de que no tengan medios, los ayuntamientos podrán barajar ofrecérselo a los propietarios -y, si no lo quieren desarrollar, licitar la actuación-", relata. A su juicio, este modo de proceder "está desapegado de la realidad" y supone "un mayor riesgo económico para el municipio". "Debería delegarse en los ayuntamientos para que cada uno elija", considera.
