Las empresas apoyan un proceso de transición energética justo y ordenado, que permita captar una inversión de unos 70.000 millones de euros hasta 2030, según se han reflejado en las intervenciones del III Foro Energético organizado por elEconomista y patrocinado por BP, EY, REE, Engie y Gesternova.
Ya en las palabras iniciales de los representantes de los patrocinadores se apreció el apoyo de las compañías al proceso:
Luis Aires, consejero delegado de BP España recalcó el reto que supone para ellas cubrir una demanda creciente de energía -prevé que se duplique en los próximos 30 años- a la vez que se respeta el medio ambiente y se combate el cambio climático. José Luis Pirelli, presidente de EY subrayó que las empresas españolas son cada vez más conscientes de la necesidad de limitar el impacto ambiental, con un "ecologismo moderno" y que el mercado energético español está particularmente activo en los últimos tiempos. Y Jordi Sevilla, presidente de REE, jugó con la idea de abandonar el modelo de la "economía del cowboy", en el que los recursos son ilimitados, y sustituirlo por el modelo de la "nave espacial tierra" en el que la prioridad es cómo obtener energía y qué hacer con los residuos, remachando que la tecnología "ya lo permite" y que debemos convertirlo en un objetivo de país.
Desde la primera mesa redonda, las empresas comenzaron aportando sus visiones y perspectivas sobre el proceso de transición y el Plan Nacional de Energía y Clima, en la que se argumentó sobre llegar a un mix energético razonable.
Por su parte, en la segunda mesa redonda las principales empresas ligadas al sector gasista en España han reivindicado su papel en la transición energética en España. A su juicio, el gas natural tendrá protagonismo en los procesos que están en marcha de descarbonización de la economía y de electrificación del sistema.
La tercera mesa aglutinó a empresas referentes del sector renovable en la que plantearon dudas, o rechazan directamente, que el actual sistema de subastas permita instalar los 4.000 MW anuales que se necesitan para cumplir con los objetivos establecidos por la UE a 2030.
La jornada concluyó con una intervención del secretario de Estado de Energía, José Domínguez, quien ha defendido el objetivo de que el mix energético de España sea en el año 2050 100% renovable. Asimismo, ha resaltado los beneficios que reportará esta estrategia sobre la lucha contra el cambio climático, la creación de empleo y el desarrollo de la exportación de tecnología.
Existente urgencia para atraer inversores pensando en la transición energética
El foro lo abrió el fuego Loreto Ordoñez, consejera delegada de Engie, calificó de "terrible" la oportunidad que representa la transición, por la urgencia existente para atraer inversión nacional y extranjera, algo que no se circunscribe a la presentación a final de año del Plan de Energía y Clima a la UE. Apostó por un mix energético "razonable" en el que se tengan en cuenta las necesidades de las tecnologías de respaldo de las renovables, particularmente de los ciclos combinados de gas, y reclamo un diseño de mercado que les permita tener un equilibrio financiero.
Aires retomó el testigo, destacando que España está bien situada para encarar la transición. Puso como ejemplo que la eólica y la solar representan el 11% aquí, frente al 4% mundial. Se adentró en la necesidad de descarbonizar todos los sectores, apuntando que el más complicado, "y el más caro", es el transporte. Defendió un precio para el carbono, vía impuestos o vía fiscal, como el mecanismo más eficiente para orientar a los actores económicos.
A continuación José Bogas, consejero delegado de Endesa, resaltó el descomunal esfuerzo que debe acometer el país para alcanzar los objetivos de reducción de CO2 comprometidos con la UE a 2030 e incidió en que afecta a todos los sectores, no sólo al eléctrico, aunque éste tenga que aumentar su importancia para electrificar los usos finales de la energía: sólo hasta la fecha citada habría que aumentar los usos finales eléctricos desde el actual 22% hasta el 25% e instalar 4.000 MW de renovables al año. También se detuvo a analizar la relevancia de la digitalización y el cambio que provoca en todos los ámbitos energéticos.
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, también subrayó la buena situación de España -"está haciendo sus deberes"-, y llamó la atención sobre el impacto económico de la transición. A su juicio, España está en una posición lo suficientemente cómoda para analizar con tranquilidad el efecto en sectores tan relevantes como el de la automoción, responsable del 10,5% del PIB nacional, o el bolsillo de los consumidores, y rechazó las políticas de subvención que llevan a abonar hasta 1.200 euros para reducir una tonelada de CO2: "un disparate", remachó.
Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, consideró muy positivas las iniciativas políticas europeas y españolas, que se traducen en objetivos cada vez más agresivos de renovables. Pero rechazó que esas iniciativas políticas se traduzcan en actuaciones puntuales que tengan efectos perniciosos a medio y largo plazo, reclamando "estabilidad jurídica" para atraer los 70.000 millones de inversión. Llamó la atención sobre la relevancia de las redes y pidió que los esfuerzos para conseguir los objetivos ambientales se repartan entre todos los sectores energéticos, "y en concreto en el sector de hidrocarburos", para dar señales correctas a los consumidores.
Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo, recordó que el ganador indiscutible de la transición energética es el consumidor, que dispondrá de energía limpia, tecnología, autonomía a la hora de tomar decisiones... Parte de su intervención la dedicó a reclamar que la regulación ponga en valor la I+D -necesaria para abordar una penetración masiva de renovables- al objeto de que forme parte del negocio, aportando rentabilidad.
El último en intervenir fue Rafael Mateo, consejero delegado de Acciona Energía. Compartió con los asistentes los análisis de Irena, la Agencia internacional de renovables, que concluyen que el beneficio de la transición energética supera de dos a seis veces su coste. En España indicó que los 70.000 millones de inversión hasta 2030 contrastan con los 400.000 millones que gastaremos en importaciones de hidrocarburos hasta ese año y recordó que debe abordarse la sustitución de tecnologías emisoras de CO2 por otras renovables, parar lo que pidió señales políticas claras, que prioricen las limpias y penalicen las que no lo sean.
Las centrales de carbón, por sus emisiones de CO2, regulación o economía son las primeras que desaparecerán del mix español
Al hilo de sus palabras arrancó el turno de preguntas, poniendo sobre la mesa a situación de las centrales de carbón y nucleares.
Todos estuvieron de acuerdo en que las centrales de carbón, por la intensidad de sus emisiones de CO2, por regulación o por economía son las primeras que desaparecerán del mix español. Ahora bien, se apuntó que en la batalla por el calentamiento lo realmente clave es lo que suceda en Asia, donde la desaparición del mineral no está tan clara, y que otros países teóricamente líderes en materia ambiental, como Alemania, emplean un 45% de carbón en su mix.
En el caso nuclear la situación es diferente. Algunos se manifestaron a favor de cerrar las instalaciones al final de su vida útil regulatoria, mientras que otros recordaron que ello es difícil en una situación como la actual, en que no hay un Almacén para los residuos y en el que la capacidad logística de su almacenamiento es limitada: antes de 2027 es difícil que se puedan almacenar adecuadamente. Además -aunque aquí también hubo cierta discrepancia- el papel de la nuclear como tecnología firme es muy relevante: sustituirla por baterías costaría más de 2 billones de euros, "un disparate", en palabras de Bogas.
Ahora bien, también hubo unanimidad al valorar que las señales económicas no son adecuadas en estos momentos, puesto que la generación con carbón es más barata que la generación con gas, algo que rema en dirección opuesta a las necesidades climáticas.
La subida de los precios de la electricidad es consecuencia de la subida de los precios de las materias primas energéticas
El público preguntó por la subida de la electricidad y el papel de las empresas en la materia. Todos estuvieron de acuerdo en que responde a la subida de los precios de las materias primas energéticas, espoleados por el precio del crudo, a la subida de los derechos de emisión de CO2 y a la carga fiscal española; sin ella, los precios serían similares a los del resto de la UE. Continuando con el debate, se recordó que el mercado debe dejar de ser sólo de energía para retribuir otros servicios.
Y hubo tiempo para abordar una reforma fiscal global en materia energética, como la planteada por el Gobierno o los expertos, donde volvieron a surgir discrepancias, entre los que abogan por equilibrar la fiscalidad de los usos energéticos (por ejemplo, los actuales vehículos ligeros pagan al año 16.000 millones por el Impuesto de Hidrocarburos, que se reducirían a 3.000 millones si se sustituyeran por vehículos eléctricos) y los que defienden la necesidad de usar la fiscalidad para dar señales a los consumidores que favorezcan la descarbonización.
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