El 'Govern' recurre la 'intervención' del Ministerio al Tribunal Supremo y solicita medidas cautelares.
El Ministerio de Hacienda no quiere dejar ninguna puerta abierta a que el independentismo pueda financiar con dinero público el 1-O, tras la publicación el sábado en el BOE de la normativa con la que se habilita al Gobierno de Mariano Rajoy a asumir los pagos de los servicios públicos de la Generalitat.
Moncloa dio el pasado viernes un plazo de 48 horas al Gobierno catalán para que retomara las comunicaciones semanales de gasto. La fecha límite es hoy -el fin de semana no se considera hábil- y en previsión de que la Generalitat no se avenga, el Ministerio ha comenzado una ronda de reuniones con los bancos para comenzar a trabajar en una regulación que permita controlar que los altos cargos de la Generalitat no financien el referéndum.
Según pudo saber elEconomista, durante el lunes se produjeron reuniones tanto de nivel técnico, como ejecutivo, a las que asistieron representantes de las patronales del sector -la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Ceca)-, de entidades financieras y también de Hacienda.
Fuentes consultadas señalan que durante estos encuentros se pidió a los bancos que advirtieran al Gobierno en el caso de que se registraran cargos o movimientos "sospechosos", tal como se requiere en el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. "En el caso de registrar alguna orden de pago, transferencia o movimiento que tuviera relación con actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, toda persona física o jurídica prestadora de servicios de auditoría o de servicios bancarios o financieros deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, o en su caso, del Sepblac, para que pueda ejercer sus competencias legales, so pena de las responsabilidades en las que pueda incurrir", se indica en el BOE.
Cerco al máximo
Aunque todavía no se ha definido exactamente cómo deben aplicar esta exigencia los bancos, supondría controlar cualquier movimiento que realicen los cargos públicos tanto vía transferencias, como a través de cualquier otro método de pago, incluidas las tarjetas de crédito y débito corporativas. De acuerdo con estas fuentes, la intención final de Hacienda sería poder cercar al máximo cualquier movimiento de cargos públicos de la Generalitat y también de sus más cercanos, lo que podría llevar incluso a tratar de controlar las cuentas y tarjetas privadas. No obstante, está todavía por definirse exactamente cuáles serán las obligaciones de advertencia de los bancos, que se podrían ver obligados a aumentar los recursos de supervisión.
No obstante, la Generalitat también está tomando medidas y ayer presentó un recurso en el Tribunal Supremo, solicitando medidas cautelares, para frenar la intervención de sus finanzas. "Una vez presentado y comunicado el recurso, queda suspendida la efectividad del acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos hasta que el Tribunal Supremo se posicione sobre la efectividad del acuerdo", señalan desde la Generalitat.
De momento Hacienda vuelve a urgir a la Generalitat a que le facilite la información necesaria para poder proceder al abono de las nóminas de los más de 170.000 empleados públicos autonómicos. Los sueldos deberán pagarse la próxima semana y en caso de que el Ministerio no cuente con los datos necesarios a tiempo, los funcionarios podrían sufrir retrasos en el cobro del sueldo de septiembre.
Fuentes próximas al Departamento que encabeza Cristóbal Montoro explican a este diario que han requerido esta información, por lo que cualquier demora en el abono de los servicios públicos será responsabilidad del Ejecutivo catalán.
