Barcelona
Ada Colau entró en el consistorio barcelonés en 2015 con muchas ganas de cambiarlo todo. Su revolución se basaba en frenar el turismo, en la vivienda pública y en la defensa de los colectivos vulnerables. Pasado su primer mandato, vuelve a pedir el voto de los ciudadanos de la capital catalana para seguir con su hoja de ruta que, esencialmente, sigue siendo la misma.
El CIS, en su barómetro preelectoral del mes de abril, revalidaba el mando de Colau en el ayuntamiento de Barcelona. Una victoria, sin embargo, muy ajustada: la número uno de Barcelona En Comú recibiría un 23 por ciento de los votos, con Ernest Maragall (de ERC) pisándole los talones: la formación republicana aglutinaría un 22,9 por ciento de votos.
La gestión de Colau ha sido blanco de críticas por parte de la oposición. Por ejemplo, Elsa Artadi, la número dos de Junts per Catalunya en Barcelona, considera que Colau es "el peor enemigo de la actividad económica durante estos cuatro años".
Y es que entre sus iniciativas más destacadas están la moratoria hotelera, que ha frenado la construcción de 60 hoteles en Barcelona; una ordenanza municipal que limita las terrazas; y, por último, una obligación que prescribe que el 30 por ciento de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones se dedique a vivienda protegida.
Para este próximo mandato, el foco del porcentaje sube hasta la mitad -50%- para las zonas más gentrificadas de la ciudad –es decir, aquellas con más problemas de los vecinos para pagar los precios de los pisos disparados-.
Sin la vivienda prometida
Colau ha pinchado en el motor de su filosofía: la vivienda pública. Si bien en 2015 prometió 3.541 viviendas protegidas acabadas en 2020, a día de hoy se han incorporado unas 660. La última adquisición fue en diciembre del año pasado, mediante la compra de un bloque de 114 pisos.
Con esta transacción, son 401 los pisos adquiridos por el Ayuntamiento a través de la compra de fincas enteras. Por otro lado, hay que añadir 97 pisos distribuidos por toda la ciudad en régimen de propiedad horizontal que el Ayuntamiento ha comprado para incorporarlos al parque público de alquiler municipal. Y, por último, hay que sumar 163 viviendas de entidades financieras de las que se ha adquirido el usufructo.
La promesa para esta legislatura es menos ambiciosa: Colau defiende doblar las viviendas que había en 2015 y que pasen de las 6.500 a las 13.000. Con todo, el equipo municipal saca pecho y defiende haber hecho que "el ritmo de promoción de vivienda nueva por parte del Ayuntamiento pasara de iniciar anualmente menos de 300 viviendas a más de 1.000".
El alquiler, por las nubes
Durante los últimos cuatro años, el precio del alquiler en Barcelona ha aumentado un 34,2 por ciento. Ocupa el sexto puesto en el ranking de ciudades españolas donde más se ha encarecido alquilar una vivienda. Según el Observatori de l'Habitatge de Barcelona, el precio medio de alquiler mensual en la ciudad condal fue de 929,57 euros en 2018, registrando un máximo histórico.
Por otro lado, si bien una de las promesas de Colau en 2015 fue erradicar los desahucios, en 2017 se registraron, según el Consejo General del Poder Judicial, 2.519 desahucios. Aunque ello supone casi siete desahucios al día, es cierto que han disminuido desde que Colau tomó las riendas de la capital catalana. En 2015, los desahucios fueron 3.098; y, en 2016, 2.691.
Además, ha creado la UCER (Unidad Contra la Exclusión Residencial). En 2017, atendió a 2.351 familias, lo que implica un 50 por ciento más de familias ayudadas. Según relata el propio Ayuntamiento, "de 2014 a 2017 los desahucios en Barcelona han bajado un 22,35 por ciento, pero la atención a las unidades de convivencia afectadas hecha por el Ayuntamiento ha aumentado un 246 por ciento".
Se delinque un 17,2% más
El Ministerio del Interior publicó que, en Barcelona, se había delinquido, en 2018, un 17,2 por ciento más que el año anterior. Los delitos que más han aumentado son los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que suben un 20,1 por ciento. Le siguen de cerca los robos con violencia e intimidación, con un incremento del 19,4 por ciento, y los delitos contra la libertad sexual, crecen un 18,4 por ciento.
La única medida que ha tomado Colau en relación a los cuerpos de seguridad ha sido cosmética: disolvió la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana (la Unidad de Apoyo Policial, UAP). A su vez, creó la Unidad de Refuerzo de las Emergencias y Proximidad (UREP) que recoge el testigo de su unidad antecesora.
Los sindicatos se le echan encima porque critican el abandono de Colau hacia los agentes, si bien una de las promesas de la líder de Barcelona en Comú para el próximo mandato es pedir al Estado y la Generalitat 400 agentes más de Guardia Urbana y 600 Mossos más.
Las supermanzanas, en auge
Otro de los puntos no exentos de polémica en la gestión de Colau han sido las "supermanzanas". Se trata de conjuntos de calles donde se restringe el paso del vehículo privado para "mejorar la calidad de vida de los vecinos".
La traducción de esta utopía han sido críticas vecinales porque, según dicen, si se quita la circulación de una calle, se duplica en la siguiente –y también se complica el transporte público-. Desde 2017, hay una prueba piloto en Poblenou y Colau pretende llegar a los próximos comicios con 5 superilles completadas o en marcha –en Sant Antoni, en Les Corts, en Horta y en Hostafrancs, además de seguir sumando más-.
Aún así, la opinión de la ciudadanía en relación a esta medida está dividida, pues los hay que se muestran encantados con las mesas de picnic, los parques infantiles, las mesas de ping pong y las calles sin un solo coche. En su programa queda corroborada la intención de crear más supermanzanas, por ejemplo en el Clot, en el Camp de l'Arpa y en Fòrum; o la de Horta, que debe "priorizarse".
Quitar los coches de las calles
Colau también ha "pacificado" durante su mandato unas cuantas arterias viarias de Barcelona. En su objetivo de convertirlas en "ejes verdes", quiere priorizar a los peatones en una de cada tres calles del Eixample, el corazón de la capital catalana. Además, quiere que en el 75 por ciento de la ciudad, la velocidad máxima sea de 30 kilómetros por hora.
La Cámara de Barcelona asevera que el Ayuntamiento de Barcelona "no está afrontando de forma realista la movilidad en vehículo privado". El Plan de Movilidad Urbana de Colau pone sobre la mesa una reducción del 21 por ciento del número de viajes en vehículo privado para el 2024, y la Cámara considera que "solo con medidas de gestión no será suficiente para conseguir los objetivos". "La movilidad en la ciudad de Barcelona continúa requiriendo actuaciones estructurales de un elevado volumen de inversión, especialmente en transporte público", defiende.
Promesas recuperadas
Este domingo se comprobará si el programa electoral de Colau queda revalidado. Un programa que, por cierto, recupera alguna de las grandes promesas de 2015. Por ejemplo, la remunicipalización del agua, la tarificación del transporte público -para que el precio de los billetes sea más justo- o una funeraria pública.
Por otro lado, sigue la tónica de querer limitar el turismo, combatiendo el alojamiento turístico ilegal y controlando y minimizando el uso de la vía pública para actividades mercantiles. En general, que el turismo decrezca para poder redefinirlo y, así, poder reducir su impacto negativo.
Sin equipo
Colau, que llegó a la política con la férrea intención de desechar la "vieja política" del consistorio barcelonés, si repite mandato contará solo con cuatro de los 11 ediles con los que cuenta a día de hoy.
La actual alcaldesa originó malestar entre sus filas por haber escogido su lista sin debate. Laia Ortiz, la actual número dos de Colau –que no repetirá en sus listas-, critica el personalismo de la alcaldesa. "A mí me transmite mucho personalismo, mucha jerarquía y no el discurso que hacemos de construir en común y de forma colectiva", sostuvo la segunda teniente de alcaldía de Barcelona.
Con todo, Colau se enfrenta de nuevo a las urnas este domingo. Deja, en las arcas locales, un agujero de casi 104 millones de euros, según los datos de cierre de 2018. El cierre del año con más gastos que ingresos es algo inédito: cuando tomó las riendas del consistorio barcelonés, la primera edil cerró 2015 con un superávit de 6,3 millones. En 2016, cerró con un farolillo verde de casi 38 millones y, en 2017, de 35 y medio.