El decreto ley que la Generalitat de Cataluña prevé aprobar hoy para limitar los precios del alquiler en las zonas donde el coste de los arrendamientos se han disparado ha despertado los recelos de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), que alertó ayer de que "podría producir alteraciones significativas en el funcionamiento competitivo del mercado de la vivienda".
Según un comunicado de la Acco, la nueva norma catalana puede producir el efecto contrario al que persigue –de facilitar el acceso a la vivienda-, ya que el establecimiento de un precio máximo puede favorecer un alineamiento al alza de los precios de oferta de arrendamientos.
El organismo también advierte de que topar los precios puede desincentivar la oferta de alquiler y que se destine a compra-venta o la vivienda quede sin uso, "circunstancia que podría incluso ocasionar una mayor escasez de viviendas en régimen de alquiler y, de rebote, hacerlas más inaccesibles".
La Acco emitirá un informe sobre esta regulación "tan pronto como sea aprobada por el Govern", lo que está previsto este martes, tal y como ya anunció la semana pasada la consellera de Justicia, Ester Capella.
Precisamente este anuncio fue objeto de discrepancias en la Generalitat entre ERC y JxCat, ya que se trata de una normativa que implica a Justicia –departamento controlado por los republicanos- y Territorio y Sostenibilidad –en manos de JxCat-.
La exportavoz del Govern y ahora número dos por JxCat para la Alcaldía de Barcelona, Elsa Artadi, llegó a afirmar que la norma todavía no estaba consensuada y que el anuncio era una maniobra electoralista de ERC para obtener réditos en las urnas el próximo domingo, día 26 de mayo, en las elecciones municipales y europeas.
El nuevo decreto ley de la Generalitat persigue que desde la administración autonómica y los ayuntamientos de localidades con elevada demanda de vivienda se pueda establecer un precio máximo del alquiler.
Ayer, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que opta a la reelección, lamentó que el Govern haya esperado a "cinco días antes" de las elecciones del 26 de mayo para impulsar esta medida, y recordó que la normativa sobre el alquiler es estatal, y que Pedro Sánchez no ha cumplido su promesa de actuar para poner un techo a los arrendamientos. Cataluña defiende las competencias del Código Civil.
