Torra lleva el bloqueo de los consellers al TSJC. Mientras, posible corrupción en CDC, la Justicia alemana niega de nuevo la rebelión, exempleados de Deliveroo llevan la empresa a juicio y los fondos y Criteria alargan la negociación por Saba.
La tensión entre el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, y el Gobierno sigue en aumento tras aplazarse sine die la toma de posesión de los consellers por la negativa a publicar sus nombramientos en el boletín oficial de la Generalitat (DOGC) por parte del Ejecutivo central. Torra ha anunciado que pedirá "medidas cautelarísimas urgentes" al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no descarta una querella por "prevaricación" contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el "bloqueo" a los nuevos consellers.
Las sospechas de corrupción vuelven a cercar a Convergència, y ello salpica a sus herederos políticos, el PDeCat y JxCat, que han aupado a Joaquim Torra a la presidencia de la Generalitat. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional detuvo a 30 personas por un supuesto desvío de al menos 2 millones de euros en subvenciones de la Diputación de Barcelona entre 2012 y 2015 -entonces controlada por CiU- hacia entidades próximas a la órbita convergente, como la fundación Catmon, la ONG Ingman y la empresa Discatimat.
Aunque no todo son malas noticias para el entorno del PDeCat y JxCat. El Tribunal Superior del Estado germano de Schleswig-Holstein confirmó que no comparte la interpretación del delito de rebelión que hace el Tribunal Supremo español sobre el papel del expresidente catalán Carles Puigdemont en el proceso independentista en Cataluña. La justicia alemana reitera así su rechazo a incluir el delito de rebelión (tipificado en Alemania como alta traición) entre los cargos por los que estudia entregar a Puigdemont a la Justicia española.
Por otro lado, los antiguos repartidores de Deliveroo en Barcelona esperan una sentencia "ejemplar" en el primero de los juicios contra su despido que ha empezado esta semana en el juzgado de lo Social de Barcelona. Los riders demandaron a la empresa porque consideran que su despido fue una "represalia" contra su participación en las huelgas de julio de 2017 y también alegan que Deliveroo les trataba como falsos autónomos.
Mientras, en ámbito puramente empresarial, el futuro accionarial de la multinacional catalana de aparcamientos Saba está prolongando su desenlace más de lo previsto, si bien los motivos de este retraso apuntan a una estrategia premeditada por parte de los actuales accionistas principales. Criteria debe decidir si se hace con la totalidad de la compañía o se suma a los fondos de inversión minoritarios en una venta a un tercero. Fuentes cercanas a la negociación indicaron esta semana que entre todos están ganando tiempo para intentar encontrar un comprador que ofrezca un precio atractivo por la firma presidida por Salvador Alemany.
