El pleno del Parlament ha aprobado este jueves con los votos de JxCat, ERC y la CUP una resolución que ratifica "la confianza en Carles Puigdemont como presidente" de la Generalitat de Cataluña así como la validez del referéndum independentista del 1-O, pero ha evitado reafirmar también la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.
Los tres grupos independentistas han aprobado así una restitución simbólica del presidente cesado y actualmente en Bélgica, pero no lo han investido de forma efectiva, ya que esto abriría un nuevo contencioso con el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la mera votación podría suponer ya un problema con la alta instancia judicial.
La resolución aprobada también reivindica el referéndum del 1 de octubre de 2017, y califica de "ilegal e ilegítima" la destitución de Puigdemont y de su Govern que se hizo efectiva cuando el Senado dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Se rechaza activar el reloj de la investidura
Por otra parte, ha rechazado una propuesta de resolución del PSC y otra del PP que pedía activar la cuenta atrás de la investidura y que empezara a correr el plazo de dos meses antes de la convocatoria automática de elecciones.
Las propuestas se han rechazado con la mayoría que suman JxCat, ERC y la CUP, que se han impuesto a los votos del PSC, Cs y el PP a favor de que corra el plazo -los comuns se han abstenido-. La legislación indica que el Parlament dispone de dos meses como máximo para investir a un presidente y para que este plazo empiece a correr debe haber una primera votación que no se ha llegado a producir porque se suspendió el pleno.
El pleno del Parlament sobre el bloqueo institucional en Cataluña empezaba este jueves con una hora y 21 minutos de retraso por la polémica enmienda de la CUP que pedía ratificar la declaración de independencia del 27 de octubre, un hecho que podría llevar a la imputación de varios cargos de la cámara. Si bien dicha enmienda fue modificada en una resolución alternativa pactada por la CUP y JxCat en la que se eliminó toda mención a la DUI, para poder votar esta resolución en el pleno fue necesario tramitar primero la enmienda original de los cupaires.
¿Podría terminar Torrent imputado?
La Mesa ratificaba así la tramitación de las enmiendas pese a que los letrados de la Cámara habín advertido de que, aunque las enmiendas no llegasen a aprobarse nunca, la mera tramitación podría derivar en problemas legales con el Tribunal Constitucional, ya que contraviene sus sentencias sobre el proceso soberanista.
Y es que los letrados del Parlament han sido este jueves muy claros al advertir de que la resolución pactada entre JxCat y la CUP podría abrir un nuevo contencioso con el Tribunal Constitucional (TC). Los letrados han advertido de que la mera tramitación de las enmiendas, aunque luego no se aprueben, ya puede ser constitutiva de que la Cámara entre en confrontación con las sentencias del Constitucional sobre el proceso soberanista.
El TC notificó en su día sus sentencias a varios miembros soberanistas de la Mesa, pero ninguno de ellos sigue formando parte del órgano rector de la Cámara. Para que los actuales miembros soberanistas de la Mesa no pudieran alegar desconocimiento sobre los fallos, el miembro del PSC, David Pérez, ha fotocopiado y repartido las advertencias que llegaron en su día.
Se trata de las notificaciones que llegaron en la anterior legislatura y que advertían del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que entrara en confrontación con el TC. Estos problemas han alargado más de los previsto la reunión de la Mesa previa al pleno y ha obligado a retrasar el pleno.
El Gobierno, vigilante
Poco después de la finalización del pleno, el Gobierno ha anunciado que está analizando la resolución aprobada por si es un texto que tiene algún efecto más allá "de lo puramente político o declarativo". "El Gobierno mantendrá esa actitud vigilante frente a cualquier riesgo de ilgalidad", advierten las fuentes.
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