El Consejo de Ministros ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat de Cataluña firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. El tribunal decidirá este sábado si lo admite a trámite.
El Ejecutivo mantiene así su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero y de hacerlo a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.
El recurso se presenta "con todo respeto al parecer del Consejo de Estado", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Gobierno cree que es la vía de "evitar que alguien huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico".
Será este sábado cuando el tribunal decida, en una reunión convocada a las 13:00 horas, si prospera el recurso o no. El TC puede propiciar querellas, imponer multas e incluso suspender a los miembros de la Mesa del Parlament ante un eventual incumplimiento por estos de la resolución que tendrá que dictar en los próximos días tras el recurso del Gobierno. Los dos primeros instrumentos ya se aplicaron a la Mesa presidida por Carmen Forcadell por los continuos incumplimientos de las resoluciones de este órgano que concluyeron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.
Fuentes del tribunal de garantías han señalado que aún es pronto para hablar de que medidas concretas que podrían aplicarse, aunque por antecedentes no puede descartarse que el nuevo Parlament insista en incumplir sus resoluciones. La primera de ellas será, previsiblemente, la admisión de la impugnación anunciada.
Las advertencias del Consejo de Estado
El Gobierno de Rajoy ha pedido al Constitucional que, si admite a trámite el recurso, advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa de la Cámara de las "consecuencias penales" en caso de seguir adelante con la investidura del expresidente catalán.
El Consejo de Estado advierte en uno de los informes que le ha solicitado el Gobierno de Mariano Rajoy que el Parlamento de Cataluña no puede autorizar que Puigdemont intervenga a distancia en la sesión de investidura, que la Mesa de la Cámara no puede autorizar la delegación del voto de los huidos de la Justicia y que el Parlament tampoco puede investir a un candidato ausente. Todos estos actos serían contrarios a la Constitución y por lo tanto, impugnables por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Así lo expone este órgano consultivo del Estado ante las preguntas que le ha formulado el Ejecutivo sobre las posibilidades que puede utilizar el Parlamento catalán para investir a Carles Puigdemont.
Lo que no es impugnable ante el TC, según el Consejo de Estado, es la convocatoria del Pleno del Parlamento de Cataluña para investir a Carles Puigdemont con la hipótesis de que en el candidato propuesto no comparecerá en la sede parlamentaria el día de la sesión.
Apoyo de PSOE y Cs
El PSOE se ha ratificado este viernes en su apoyo al Gobierno para que intente impedir la investidura de Puigdemont porque se trata de "un prófugo de la justicia" que además pretende "poner boca abajo el sistema constitucional".
Como avanzaron el jueves, los socialistas respaldan la decisión del Gobierno de impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat, incluso cuando este recurso se presente antes de que se inicie ese pleno de investidura, fijado para el día 30 de este mes.
"Apoyamos al Gobierno en la decisión de que Puigdemont no se siga comportando como prófugo de la justicia", ha dicho Calvo, que ha evitado entrar en el detalle de las fórmulas jurídicas empleadas por el Ejecutivo para evitar la investidura del president cesado.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que apoya al Gobierno en sus decisiones para impedir la investidura a distancia de Puigdemont. No obstante, ha indicado que la fórmula para impedirlo la decide el Ejecutivo y que "si se equivoca tendrá que dar explicaciones".