La Guardia Civil se ha personado en el Parlament de Cataluña y en la Generalitat para pedir documentación relativa a la investigación que el TSJC ha abierto al exlíder de CDC, Germà Gordó, por presunta financiación irregular de su partido. También se presentaron en el Departamento de Justicia y en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat. En la Generalitat, Jordi Turull les ha impedido el paso pero les ha facilitado la documentación que requerían. La misma situación se dio en la consellería de Justicia.
También en política catalana, los resultados del CEO arrojan un jarro de agua fría al independentismo catalán, que calienta motores de cara al 1-O. Un 49,4% de catalanes rechaza la independencia de Cataluña, un 41,1% la avala, un 7,8% no lo sabe y un 1,7 no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO). A su vez, un 67,5% de catalanes participaría en el referéndum de independencia del 1 de octubre y el 'sí' ganaría con el 62,4% de papeletas mientras que el 'no' obtendría un 37,6%, según la misma encuesta del CEO.
En cuanto a la política municipal, el Ayuntamiento de Barcelona ha persistido en su empeño y multará a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) con 7 millones de euros por incumplir el contrato de limpieza, una sanción que la compañía puede recurrir ante los tribunales.
Además, dentro de la actualidad empresarial, Celsa afronta un final del mes clave para lograr un acuerdo con la banca que le permita refinanciar su abultada deuda, de 2.600 millones de euros, tras más de un año de negociaciones. Las entidades acreedoras calculan que casi la mitad de la deuda, unos 1.200 millones, son impagables con la cuenta de resultados actual.
Además, ACS explicó a la CNMV que está estudiando una posible contraopa sobre Abertis, que mejore los 16,5 euros ofrecidos por la compañía italiana Atlantia, sin que hasta la fecha haya tomado decisión alguna al respecto. ACS fue uno de los socios fundadores de Abertis en 2002 y hasta 2012 uno de sus accionistas de referencia. Con la operación, la constructora conformaría uno de los grandes grupos mundiales de infraestructuras, con un valor de mercado de unos 27.361 millones de euros y capacidad para generar ingresos de unos 37.000 millones de euros anuales.
