La decisión de la Fiscalía de incluir la convocatoria de fecha y pregunta dentro de sus alegaciones contra la consellería de Governació por la convocatoria de urnas no ha sido notificada a los querellados, según el 'Govern'.
La rueda de prensa posterior de la reunión del consejo ejecutivo de la Generalitat se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación entre el gobierno de la Generalitat y el del Mariano Rajoy. En este caso, de reproches continuados por parte de la Generalitat hacia las actuaciones de la Fiscalía y hacia la actitud de algunos miembros del ejecutivo español.
Neus Munté, portavoz del 'Govern' catalán ha criticado la presión judicial que están recibiendo diferentes cargos o ex cargos del gobierno catalán por el 9-N o la licitación de la compra de urnas. Para la portavoz, la sentencia aprobada hoy por el Tribunal de Estrasburgo, que ha condenado a España por la inhabilitación de Atutxa, condenado por desobediencia por no disolver Batasuna, es un ejemplo del "uso politizado" de la Justicia que realiza España.
La portavoz del gobierno catalán, además, ha recriminado que la Fiscalía no haya remitido a la consellera Meritxell Borràs la querella por la licitación del contrato marco de compra de urnas. El Tribunal Superio de Justicia de Catalunya ha confirmado hoy la ampliación de la demanda, que, según agencias, incluye ahora el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum como un argumento de que dichas urnas se adquieren con el objetivo de llevar adelante la consulta, ilegalizada por el Tribunal Constitucional.
Munté, además, ha confirmado que en los próximos días Carles Puigdemont solicitará por carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, comparecer en el Congreso y ha criticado el tono empleado por Soraya Sáenz de Santamaría el lunes, cuando en una entrevista en TVE, señaló que el gobierno catalán estaba intentando caldear el clima de tensión para conseguir apoyos para la ruptura.
Por el momento, además de con la CUP, del gobierno catalán cuenta con el respaldo del ala anticapitalista de Podemos, que parece dispuesto a apoyar el referéndum unilateral que planea el gobierno de Carles Puigdemont.
