El ambiente para la junta de accionistas que celebrará Abertis el próximo lunes 3 de abril mejoró ayer de manera inesperada. La concesionaria comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le había dado la razón en uno de los litigios que mantiene abiertos con el Ministerio de Fomento a causa de la autopista AP-7.
Concretamente, la sección sexta de la sala de lo contencioso-administrativo de dicho tribunal reconoce a la firma presidida por Salvador Alemany el derecho a consignar como "activo financiero" la indemnización que Fomento debería abonarle en 2021, cuando finalice la concesión de la AP-7, como compensación por no haber llegado a los tráficos acordados cuando Abertis amplió el número de carriles. Una indemnización que Fomento trata de eludir.
Según explica la sentencia del TSJ, las empresas pueden generar una activo financiero cuando existe un "derecho incondicional" al cobro. Por tanto, el tribunal no pone en duda la validez de las condiciones del convenio firmado por Acesa, que pertenece a Abertis. El abogado del Estado, que representa a Fomento, todavía puede interponer un recurso de casación contra esta sentencia.
El Supremo, la pieza final
En 2006, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, Abertis realizó una serie de ampliaciones en la AP-7 en varios tramos en Cataluña. En el convenio que se estableció en aquel momento, se fijaban una serie compensaciones por inversiones y también si no se llegaba a un volumen determinado de tráfico. Fomento pugna por no reconocer esta última "deuda" con la entidad, aunque sí reconoce las derivadas de las inversiones, en un conflicto que se remonta a 2011, cuando toma las riendas del Gobierno el PP. En total, las compensaciones que tendría que recibir Abertis en 2021 ascienden a 2.278 millones. La mayoría de este déficit lo genera la diferencia de tráfico; concretamente, 1.494 millones, que es lo que el Ministerio de Fomento pretende ahorrarse.
El conflicto entre ambos también se dirime en el Tribunal Supremo, al que Abertis recurrió el año pasado. La sentencia de este tribunal será la definitiva y todavía podría retrasarse varios años. Hasta entonces, Abertis mantendrá un criterio de prudencia contable. En 2015, realizó una provisión de 900 millones por este conflicto, que no revertirá hasta que la sentencia del Supremo sea firme. Tampoco reconocerá hasta entonces en cuenta de resultados los ingresos financieros que le generan los "derechos" de cobro de la indemnización por el menor tráfico y que, en 2016, hubieran alcanzado los 179 millones.
Buena acogida en bolsa
Las acciones de Abertis celebraron con una subida del 3,08 por ciento, la más importante del índice Ibex 35, la sentencia y cerraron a 14,9 euros. Tras este avance, la compañía cotiza en máximos desde junio de 2015 y su valor en bolsa se sitúa en 14.757 millones; 400 millones más que al cierre del mercado el lunes.
