El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, han presentado este miércoles la hoja de ruta para acelerar la transición energética en Cataluña, que pasa por la microgeneración y un mayor peso de la gestión pública.
En una conferencia conjunta, con el título "Compromiso 2030, horizonte 2050", han anunciado que el Govern modificará la próxima semana el Decreto de las renovables (Ley 16/2019), que regula el desarrollo de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas.
El nuevo decreto introduce criterios de priorización para fomentar el autoconsumo y priorizar el trámite de los proyectos que conecten a media tensión o sean inferiores a 5MW, "para ser coherentes con el modelo de transición energética distribuida y democrática".
La modificación deja atrás el modelo actual donde los proyectos se presentaban sin ningún conocimiento de los propietarios de los terrenos y de los Ayuntamientos, e introduce la obligatoriedad de presentar el acuerdo del 50% de la superficie ocupada.
El decreto también introduce la obligatoriedad de acreditar la oferta de la participación de al menos el 20% del proyecto a población y administración.
Finalmente, mientras que el anterior decreto ley era aplicable únicamente a suelos no urbanizables, el nuevo decreto aumenta la disponibilidad de suelo al añadir los suelos urbanizables, tanto los desarrollados como los no desarrollados.
Energética pública
Aragonès ha repasado también los planes de creación de una energética pública esta legislatura "con capacidad de influir desde la administración en el sector de la energía, incidiendo en todas las fases del sector eléctrico para poder definir y planificar el modelo de transición energética".
El objetivo es que pueda producir energía, especialmente en aquellos espacios de proximidad donde no tienen interés los grandes promotores energéticos; participar en la propiedad de nuevas plantas de generación renovable; ayudar y participar en el desarrollo de comunidades energéticas renovables y ciudadanas, y entrar en la gestión pública de las centrales hidroeléctricas de las que caduquen las concesiones.
