Las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec estallaron este jueves contra las propuestas que ha enviado la Generalitat de Cataluña a la comisión de expertos para la reforma fiscal que prepara el Gobierno central, y que incluyen subir el impuesto de Patrimonio y endurecer la fiscalidad a las empresas familiares, según publicó La Vanguardia.
En sendos comunicados, desde las patronales advirtieron al consejero catalán de Economía, Jaume Giró, de los perjuicios económicos que acarrearía llevar a la práctica dichos planteamientos.
Para Foment del Treball, la Generalitat pone en riesgo a la empresa familiar, "que ha sido y es el gran activo de nuestra estructura empresarial, y que es la que más aporta al PIB catalán".
El incremento de presión fiscal que plantea el Departamento de Economía, pasando del 5% al 15% de requerimiento de participación individual o de 20% al 40% como grupo de parentesco para acceder a los beneficios fiscales de los propietarios de las empresas familiares, "es una barrera para el crecimiento de estas empresas que pone en riesgo nuestro modelo productivo", sostuvo la patronal.
Asimismo, consideró "muy desatinado y fuera de lugar" plantear un incremento del impuesto de Patrimonio, que la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre siempre ha estimado confiscatorio y para el que reclama su desaparición.
Fuga de empresas e inversiones
"Con esta política fiscal no volverá ninguna de las empresas que se marchó de Cataluña y provocará que otras se planteen seriamente abandonar nuestro país por su hostilidad a la economía productiva", deploró la patronal, que apeló a la Generalitat a rectificar.
Pimec tildó la propuesta de la Conselleria de Economía de desproporcionada y también advirtió de que lastraría la recuperación económica y que puede conseguir el efecto contrario al deseado, ahuyentando a empresas e inversiones. En el caso de las empresas familiares, remarcó que perjudicaría su continuidad al complicar el relevo generacional.
Incluso la Cámara de Comercio de Barcelona, dirigida por una ejecutiva favorable a la independencia de Cataluña, indicó este jueves al Govern que debe orientar los esfuerzos "hacia la lucha contra el déficit fiscal y la falta de inversión del Gobierno español, en vez de aumentar la presión fiscal".
En un comunicado, también recalcó que es necesario garantizar la continuidad de las empresas familiares en Cataluña y no empeorar la fiscalidad en caso de transmisión o sucesión.
Desde el departamento de Economía de la administración catalana trataron -por lo visto sin éxito- de calmar los ánimos a primera hora de la mañana mediante un comunicado en el que incidían en que se trata de un informe técnico que no se corresponde con la hoja de ruta que quiere aplicar el Govern, que sostiene que no prevé elevar la presión fiscal en 2022 ni en los años siguientes -con la excepción de los impuestos ambientales-.
Pero el documento, consultado por elEconomista, está sobre la mesa del Gobierno español y es claro en sus tesis, argumentadas con referencias a múltiples organismos nacionales e internacionales.
En cualquier caso, más allá de este informe de propuestas, de 28 páginas, las posturas entre los empresarios y Giró en materia tributaria están muy alejadas.
Mientras las patronales advierten de la pérdida de competitividad de Cataluña por su elevada presión fiscal, con múltiples informes que la sitúan a la cola entre todas las autonomías, Giró hace hincapié en la comparativa internacional, detallando que la presión fiscal en Cataluña ronda el 35%, frente a una media europea del 41%.
