Los catalanes pagarán más impuestos esta legislatura, según el plan de gobierno aprobado este martes por la Generalitat, que prevé "potenciar" la fiscalidad verde con el despliegue de los impuestos aprobados en la Ley del cambio climático, así como la "intensificación" de los tributos medioambientales existentes.
El documento también aboga por aumentar el nivel de redistribución del sistema fiscal catalán y reducir la carga de los contribuyentes con menor capacidad económica.
Asimismo, la Generalitat quiere volver a emitir bonos, preferentemente bonos verdes, para reducir la dependencia de la financiación estatal, y acabar el mandato con un banco y una energética públicos.
Su objetivo es que la banca pública "apoye las decisiones de inversión y necesidades de liquidez" de empresas y autónomos, y respecto al ámbito energético, participar en la propiedad de nuevas plantas de generación renovable y ayudar y participar en el desarrollo de comunidades energéticas renovables y ciudadanas.
También prevé entrar en la gestión pública de las hidroeléctricas a las que les caduquen las concesiones; coordinar y participar en la gestión de los servicios de recarga de vehículos eléctricos, y crear un marco normativo que facilite la remunicipalización de servicios públicos como el agua.
Fondos de inversión
Otros planes pasan por la creación de un fondo de reconversión industrial y de fomento del cooperativismo, y por el apoyo a empresas tecnológicas catalanas con alto potencial de crecimiento con el fondo de inversión públicoprivada Deep Tech Discovery Fund, para capitalizarlas y potenciar su internacionalización.
En el caso de la transferencia de conocimiento entre el sector investigador y el productivo, la hoja de ruta del Govern incluye el seguimiento e implementación del FITA (Fondo de Inversión para Tecnología Avanzada).
La Generalitat también recoge en su plan de gobierno sus reclamaciones de traspaso de la gestión de las infraestructuras catalanas ahora controladas a nivel estatal –viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias-, y el refuerzo de la red de delegaciones del Govern en el exterior.
Respecto a objetivos cuantificables, el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès quiere alcanzar los 1.000 millones de presupuesto anual para Vivienda y que el parque público llegue al 15% del total en 20 años. La prioridad es la vivienda de alquiler social con preeminencia de titularidad pública y un mínimo de incorporación de 5.000 viviendas al año.
Asimismo, contempla un incremento del presupuesto de la sanidad pública en 5.000 millones adicionales durante los próximos cinco años.
