Barcelona
En lo que hace referencia a la ejecución presupuestaria sobre inversión pública en infraestructuras, el balance de 2019 en Cataluña ha sido de nuevo negativo.
El Estado y la Generalitat mantienen un grado de cumplimiento muy bajo de los proyectos presupuestados, de manera que ya viene siendo recurrente en los últimos años que únicamente se lleve a término el 75% de las obras previstas. Y su desarrollo o bien queda paralizado como en la red del área metropolitana con la conexión entre la A-2 y la C-32 a la altura de Sant Boi de Llobregat, o bien se realizan lentamente como la autovía orbital B-40, indispensable para solucionar el cuello de botella de la movilidad del área Metropolitana de Barcelona.
Estos ejemplos y las liquidaciones presupuestarias anuales así lo corroboran y también la actualización del informe sobre las infraestructuras que anualmente realiza la patronal Foment del Treball. De hecho, en 2019 se ha constatado que no se ha completado ninguna de las grandes infraestructuras en proceso en Cataluña.
El catálogo de proyectos estratégicos que necesita el territorio catalán para desarrollar sus infraestructuras viarias y ferroviarias, que en 2018 se cifró en un centenar, está lejos de disminuir. Desde esa fecha se ha incrementado con seis nuevas obras pendientes para adaptar las redes de comunicación a las necesidades de una sociedad que va avanzando mientras que no hay desarrollo para obras.
Se trata de dos estructuras viarias (el desdoblamiento de la C-42 entre Tortosa y Aldea y de la C-55 a su paso por Manresa), otras tres ferroviarias correspondientes a la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (la mejora de la calidad del servicio entre Martorell y Manresa e Igualada, la nueva línea Barcelona-Vallès por el túnel de Horta y la ampliación de la capacidad de la línea Barcelona-Vallès con un nuevo túnel bajo Collserola ambos en la ciudad de Barcelona. El informe de Foment del Treball también ha incorporado como incipiente el desarrollo de la red de comunicaciones 5G.
Los presupuestos del Govern para 2020 contemplan una inversión en infraestructuras de 1.380 millones, de los que 350 millones corresponden directamente a la Generalitat, y los 1.029 millones restantes los asumirán empresas públicas. Estas cifras solo son comparables con las de 2017, puestos que en los años posteriores Cataluña prorrogó sus presupuestos. Tomando de referencia 2017, el avance en recursos para infraestructuras ha sido muy reducido, con cerca de 400 millones. En ese ejercicio se presupuestaron 1.058 millones, atribuidos a la Generalitat con una partido de 284 millones y de 773 millones para el conjunto de empresas públicas. En 2017, la cifra presupuestada por el Estado en Cataluña fue de 1.149 millones
La media anual de ambas administraciones dista mucho, según Foment del Treball, de alcanzar el 2,2% del PIB que sería el nivel apropiado dentro de la media de la Unión Europea. Para la patronal, el déficit en infraestructuras acumulado en los últimos 10 años en Cataluña se eleva a unos 28.000 millones.
Demora en Cercanías y el Corredor
En el periodo 2015-2018, el Estado ha ejecutado únicamente el 57% de las partidas destinadas a mejorar o ampliarla red ferroviaria en Cataluña porque ha invertido 1.474 millones de euros de los 2.566 presupuestados en las principales obras. Compentencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estan paradas o ejecutándose a un ritmo muy lento las obras de las estaciones intermodales e intercambiadores de la red de Cercanías (como son La Sagrera y La Llagosta); accesos viarios y ferroviarios al puerto de Barcelona y al puerto de Tarragona o la conexión ferroviario al aeropuerto del Prat. Respecto al Corredor Mediterráneo, las previsiones eran que las obras de una parte del tronco central de la red se ultimarían antes de 2022. En 2020 finalizaría la construcción del tercer carril entre Catellbisbal y Martorell, y en 2021, el tercer hilo del tramo Catellbisbal – Tarragona y la conversión de la doble vía de ancho ibérico a ancho internacional entre Castelló – Tarragona.
