Cataluña

La explosión de Tarragona golpea la seguridad industrial

  • La Generalitat investigará el suceso y pide actualizar los protocolos de emergencia química
Planta de Iqoxe. Efe

La explosión de un reactor y posterior incendio en la planta de Industrias Químicas del Óxido de Etileno (Iqoxe), en el área petroquímica de Tarragona, ha despertado las alarmas sobre la respuesta a los accidentes en instalaciones que trabajan con materiales peligrosos, después de que no sonasen las sirenas de aviso a la población, tras el accidente que ha provocado tres muertos -uno en su domicilio a unos tres kilómetros de la planta por una plancha de hierro de una tonelada que salió despedida- y siete heridos.

Protección Civil de la Generalitat ha acusado a la empresa Iqoxe de "no facilitar la información y no seguir los protocolos" en los primeros momentos después de la explosión y el incendio del martes por la tarde. En declaraciones a Rac-1 recogidas por Europa Press, el subdirector de Protección Civil, Sergi Delgado, explicó que hubo dificultades para evaluar el riesgo de nube tóxica -que finalmente se descartó tras las mediciones realizadas por los Bomberos-: "Este tipo de evaluación se basa en la información que da la empresa, pero esta comunicación, por diferentes motivos, no se recibió y no se pudieron seguir los protocolos".

El consejero delegado de Iqoxe, José Luis Morlanes -que también fue vicepresidente de la química La Seda de Barcelona y directivo del RCD Espanyol-, aseguró este miércoles que la compañía siguió los protocolos y ha trabajado en todo momento en coordinación con los Bomberos de la Generalitat y Protección Civil: "Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas bien".

Con todo, la Generalitat de Cataluña creará una mesa de trabajo para analizar los hechos con todos los departamentos implicados y en coordinación con el territorio y todos los agentes involucrados, según explicó el presidente catalán, Quim Torra. El objetivo es "evaluar las consecuencias de lo que ha ocurrido, hacer una propuesta de mejora y dar a la ciudadanía toda la información que sea necesaria".

En esta línea, el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, anunció este miércoles que pedirán al Gobierno español que agilice la aplicación de la normativa europea prevista para 2022, para poder avisar a la ciudadanía directamente al teléfono móvil en caso de emergencia, y no depender de las sirenas.

La Cámara de Comercio de Tarragona pidió ayer la "máxima transparencia", tanto a la empresa como al conjunto de las administraciones, para determinar e informar de las causas que motivaron la explosión. "Confiamos en que se aclaren y desvanezcan las dudas sobre el funcionamiento de los protocolos de información y alerta ante el accidente, en lo que tiene que ver, sobre todo, con el uso de las sirenas", expuso la Cámara en un comunicado, en el que también mostró su confianza "en la labor diaria y las inversiones realizadas por la industria química para reducir todo lo posible estos riesgos, gracias a las políticas de seguridad y prevención a favor de las personas y el medio".

También los alcaldes de la zona se pronunciaron en este sentido, preocupados por un sector, el químico, que aporta riqueza al territorio tarraconense, pero también temor ante los riesgos cuando se producen accidentes como el del pasado martes, así como recelos por las emisiones contaminantes de la actividad de esta industria.

Efectos empresariales

Iqoxe garantizó el mantenimiento de la actividad y el empleo de las instalaciones, de las que dependen 120 familias, según su consejero delegado, una vez el incendio quede extinguido -ayer acabó de arder de forma controlada- y se pueda trabajar para volver a la normalidad en la que es la única empresa productora de óxido de etileno, MEG, DEG, y PEG de la Península Ibérica, Sur de Francia e Italia.

Asimismo, la compañía química ha abierto una investigación interna para detectar las causas y consecuencias de la explosión, de la que aún se desconocen los motivos.

Además de los efectos personales y materiales del suceso, también tiene repercusiones empresariales. El empresario extremeño Ricardo Leal, dueño de la firma de bisutería por catálogo Cristian Lay, es el propietario mayoritario de Iqoxe. Leal, de 65 años, posee a través de CL Grupo Industrial el 85% de Iqoxe, la empresa de la planta afectada y que compró a La Seda de Barcelona en 2014. Según la revista Forbes, Leal tiene una fortuna en torno a 230 millones de euros, una cifra que le corona como el hombre más rico de Extremadura.

A pesar de tener intereses en sectores como gas, cultivo de cereales y otros, el empresario es conocido por Cristian Lay, una firma que creó en 1981 para vender joyas vía catalogo y de forma casera. Según calcula El Periódico de Extremadura, la actividad de joyería aporta en torno del 10% de los ingresos del grupo, que se sitúan en torno a los 640 millones anuales, y que da empleo a 1.800 trabajadores.

Sector químico de la zona

La Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), formada por 30 empresas, se reunirá con la Generalitat y agentes implicados del territorio para abordar posibles medidas de mejora a implementar como sector tras la explosión de este martes en la planta petroquímica  de Tarragona, según informó este miércoles en un comunicado.

La entidad lamentó el accidente que tuvo lugar en las instalaciones de la empresa de tratamiento de óxido de etileno Iqoxe, ubicada en el Polígono Sur de Tarragona, en La Canonja. "Reiteramos nuestras condolencias a las familias de las personas que han perdido la vida, así como nuestro apoyo a las personas afectadas", señaló en el comunicado, y agradeció el trabajo de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

La asociación ha convocado reuniones con ayuntamientos, sindicatos, entidades vecinales y plataformas ecologistas para coordinar posibles acciones y mejoras, y está organizando una "reunión urgente" con el Govern de Cataluña que incluye tratar el protocolo de emergencias.

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