Valladolid
El conjunto de las asociaciones empresariales de todos los subsectores de juego, máquinas, bingos, casinos y salones de juego de Castilla y León considera injustificada la pretensión de la Junta de que se tribute por los días en que las máquinas recreativas no han podido ser explotadas.
El colectivo empresarial tilda de "denigrante" que sea la única administración autonómica de todo el Estado español que no haya previsto ninguna fórmula tributaria o administrativa para no tributar por los días en que las máquinas no han sido explotadas.
En el resto de comunidades autónomas, bien por vía tributaria o por normativa de juego, la patronal del juego, a través de un comunicado recogido por Europa Press, advierte de que se han adoptado decisiones en ese sentido, mientras la Junta de Castilla y León se ha limitado únicamente a tramitar aplazamientos, medida que considera manifiestamente insuficiente.
Los subsectores empresariales integrados en la Mesa Intersectorial de juego en Castilla y León, tales como casinos, bingos, máquinas y salones de juego, han desplegado diversas actuaciones con la Junta, tanto con la consejería con competencias fiscales como la consejería competente en materia de juego, así como con los diferentes grupos políticos de las Cortes para tratar de paliar dicha situación que está abocando al cierre de establecimientos.
"No pedimos condonaciones de impuestos sino simplemente no tributar por lo que no se ha generado. No es posible que se grave por 365 días al año a una máquina cuando ha estado paralizada por mandato administrativo durante 119 días en 2020, a lo que hay que sumar restricciones de aforo y limitación horaria", se quejan los empresarios del juego presencial.
Para paliar esta "desesperante situación", proponen una bonificación en la tasa de 2021 del 50 por ciento, con lo que compensaría dichos periodos de inactividad, medida que esperan puedan ver contemplada en la Ley de Medidas Económicas y Presupuestarias que está en tramitación actualmente.
Esta reivindicación se ha visto apoyada, además, por los sindicatos representativos en un sector que mantiene más de 2.000 empleos directos y una tributación por impuestos de juego de unos 70 millones de euros anuales.
