Castilla y León

UGT y CC.OO. calculan que el cambio en las ayudas por ERTE en Castilla y León dejará fuera a 70.000 trabajadores

  • Los sindicatos piden a la consejera de Empleo la retirada inmediata de las bases
Carlota Amigo, consejera de Empleo
Valladolid

CCOO y UGT han exigido "ya" a la Junta de Castilla y León la retirada de las bases reguladoras de las ayudas para las personas afectadas por ERTES dado que de no hacerlo consideran que se produciría un "serio contratiempo" que dejaría fuera de las mismas a unas 70.000 personas en la Comunidad.

Los sindicatos ha señalado que ante el "grave incumplimiento" por parte de la Junta de los acuerdos firmados en el marco del Diálogo Social el pasado día 25 de marzo, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, así como la patronal Cecale, han remitido una carta a la nueva consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, en la que exigen la retirada "inmediata" de las bases reguladoras de estas ayudas, publicadas en el Bocyl del pasado jueves día 2 de julio.

Los dirigentes de ambas organizaciones sindicales demandan que se cumplan con los acuerdos del 25 de marzo y Papecyl 2020, de cara a que estas ayudas lleguen a todas las personas trabajadoras más necesitadas como consecuencia de la pandemia.

"Es más, demandamos a la Junta que se publiquen las bases reguladoras consensuadas en el ámbito de la Comisión Permanente del Diálogo Social y el Consejo Regional de Trabajo", han señalado las ejecutivas de los sindicatos.

Esta determinación se ha tomado en el transcurso de la reunión que han mantenido durante este martes día 7 de julio los responsables de los dos sindicatos mayoritarios de Castilla y León.

De no cumplir la Junta con estas demandas, han añadido, las consecuencias serían "muy serias" para cerca de 40.000 trabajadores que se encuentran en ERTE así como para otras 30.000 personas autónomas ante el reinicio de su actividad económica.

Afectados

En el caso de los ERTE afecta a personas trabajadoras de sectores como los de la limpieza, hostelería, comercio, colectividades, construcción, etcétera, como consecuencia de la modificación de las bases reguladoras, en las que se dejan fuera a las personas afectas por expedientes debido a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, expedientes que han sido negociados y acordados con la intervención de las empresas y la representación legal de las personas trabajadoras, en ambos casos teniendo en cuenta los parámetros que marcaban los acuerdos alcanzados en primera instancia, los del 25 de marzo.

Menos jornadas mínimas

En estas nuevas bases, las publicadas el pasado día 2 de julio, se ha cambiado el número de personas afectadas por centro de trabajo a establecer que solo podrán solicitar las ayudas aquellas personas de empresas que en ellas presten servicio menos de 250 trabajadores, se ha pasado de 15 a 45 como jornadas mínimas para tener derecho a estas ayudas y se ha reducido el beneficio de 180 jornadas de derecho a la ayuda, a tan solo la mitad, 90, también por falta presupuestaria.

En el caso de los autónomos por falta de presupuesto y concepto de ingresos, han añadido los sindicatos, que han afirmado que este proceder ha supuesto "un serio varapalo" para el proceso de negociación del Diálogo Social.

"Por todo ello, exigimos al presidente de la Junta, una vez más y de manera inmediata, que cumpla con lo pactado y no genere un problema de confianza con los sindicatos mayoritarios de Castilla y León", subrayan sus responsables.

Convocatoria del Diálogo Social

En este sentido, esperan la convocatoria "inmediata" del Consejo del Diálogo Social tal y como ya lo hemos solicitado, en cuyo marco esperan encontrar "soluciones" para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados el 25 de marzo, así como para el contenido del Papecyl 2020.

Los dos sindicatos y la patronal han adelantado que procederán a llevar a cabo diversas actuaciones en el ámbito autonómico y provincial, junto con las personas trabajadoras y empresas afectadas.

También solicitarán reuniones con todos los representantes de los diferentes grupos políticos parlamentarios de las Cortes y con los delegados territoriales de la Junta en cada provincia con el objetivo de intentar "revertir" esta situación.

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