Castilla y León

La empresa familiar de Castilla y León arremete contra la suspensión de la eliminación del Impuesto de Sucesiones

  • Considera que perjudicará a los familiares de los más de 5.000 fallecidos por la Covid-19
  • EFCL advierte que puede acelerar la deslocalización de empresas y la despoblación
  • La patronal Cecale también critica la medida por frena la inversión empresarial y la creación de empleo
Rocio Hervella, presidenta de Empresa Familiar de Castilla y León
Valladolid

La asociación de Empresa Familiar de Castilla y León ha mostrado su "profundo desacuerdo" por la supresión de la Eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones recogido en el Pacto por la Reconstrucción firmado por la Junta con los grupos parlamentarios.

EFCL cree que la medida "es improcedente e inoportuna para las personas afectadas por COVID19 y en especial para los familiares de los más de 5.000 fallecidos por la enfermedad que están sufriendo no solo la pérdida personal, sino también la pérdida de capacidad adquisitiva".

Asimismo, muestra su "sorpresa y decepción" el "incumplimiento electoral del Partido Popular", ya que esta medida incluida en el Pacto fue anunciada en su programa electoral y ratificada en numerosas ocasiones por distintos miembros del Gobierno regional una vez elegido por los castellanos y leoneses.

Los empresarios familiares aseguran sentirse "discriminados con otras Comunidades Autónomas" en las que este impuesto ha sido ya prácticamente eliminado, lo que pone de manifiesto una desigualdad clara entre territorios en nuestro país.

Recuerdan que se trata de un impuesto declarado por gran parte de la doctrina jurídica europea como "manifiestamente injusto", ya que se entiende que se gravan bienes por los que ya se ha tributado con anterioridad.

"Medida partidista e ideológica"

En su comunicado, destacan que el efecto recaudatorio de la eliminación del Impuesto es mínimo, ya que para familiares directos recauda 38,8 millones de euros (33,9 millones de euros en sucesiones y 4,9 en donaciones), lo cual supone un 0,35% de la cantidad recaudada por todos los impuestos,

Además, califican la medida de "partidista e ideológica, muy alejada de lo que necesitamos las empresas y ciudadanos para la reconstrucción económica y del empleo en nuestra tierra".

Los empresarios familiarios advierten que "este tipo de medidas genera desafección por la Comunidad, por la tierra de la que muchos nos sentimos tan orgullosos y puede acelerar la deslocalización de empresas y la despoblación en favor de comunidades vecinas que no gravan el impuesto".

Por último, ponen el acento en que la medida "pone en riesgo la retención del talento" de todas aquellas personas que han trabajado toda su vida en la región y perjudica la inversión futura.

También la patronal regional Cecale ha lamentado que el documento contemple el "retraso" en la eliminación del Impuesto a la que se había comprometido el Gobierno regional. En su opinión, este tipo de impuestos penalizan doblemente a Castilla y León, creando, por un lado, ciudadanos de segunda y de tercera en función de la Comunidad en la que vivan, y por otra parte, frenando la inversión empresarial, y, por tanto, la creación de empleo.

Cecale reitera que es necesaria, "más en estos momentos de crisis", que exista una armonización fiscal, para evitar que se agudice la deslocalización de empresas de Castilla y León por el alto nivel impositivo, empujando a los empresarios a invertir en otras comunidades con menor carga.

Aún así, la Confederación valora el "compormiso" de los partidos políticos y confía en que las medidas que contempla el documento se pongan en marcha sin demora y se enmarquen en un escenario presupuestario, para evitar que la Comunidad continúe desangrándose en términos de pérdida de empresas y empleo; pero siempre atendiendo a las verdaderas necesidades de los empresarios, como única solución para reactivar la economía ya mermada de la Comunidad y preparar un camino que permita ganar competitividad.

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