Valladolid
La marea autonómica contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos sigue creciendo. Castilla y León es la última Comunidad que va a sumarse a la eliminación de un gravamen que está en claro retroceso.
Serán ocho las regiones en las que el pago por una herencia queda reducido al 1% (Andalucía, Canarias, Extremadura, Murcia, Madrid) mientras que en Murcia es el 2% y en Cantabria, el 0%.
La Comunidad que preside Alfonso Fernández Mañueco ha comenzado la tramitación de la reforma fiscal que permitirá la bonificación de un 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, lo que prácticamente supone su eliminación. La previsión es que el próximo año empiece a ser efectiva, una vez que concluya su recorrido administrativo.
"Fiscalidad inteligente"
Desde su acceso a la Presidencia de Castilla y León merced a un pacto con Ciudadanos, Fernández Mañueco ha apostado por la que ha calificado como "fiscalidad inteligente". A esa filosofía responde la supresión del impuesto, con la que se pretende incentivar la actividad económica y facilitar el relevo intergeneracional de negocios y empresas.
En esto tendrá especial incidencia la bonificación de un 99% entre familiares directos del Impuesto de Donaciones, que hasta ahora no gozaba de ninguna rebaja, como sí ocurría con el de Sucesiones, del que estaban exentos los primeros 400.000 euros.
Con esta medida se pretende facilitar las ayudas a los descendientes en casos de necesidad, pero fundamentalmente que no haya restricciones en vida al relevo familiar de pequeñas empresas y negocios, caso que suele darse cuando un pequeño empresario se jubila. Se pretende favorecer la anticipación en el tiempo de la transmisiones de bienes y derechos entre familiares directos, habida cuenta de que la esperanza de vida cada vez es mayor y que las dificultades de financiación siguen existiendo.
Se benefician los ricos
La política fiscal coincidente de PP y Ciudadanos en Castilla y León, ha sido uno de los principales motivos de crítica de la oposición. El Partido Socialista asegura que la supresión del impuesto solamente beneficiará a los 815 contribuyentes que el pasado año recibieron una herencia superior a los 400.000 euros y supondrá una merma de 180 millones para pagar servicios básicos como la sanidad, la educación o la dependencia.
Estas cifras difieren notablemente de las de la Junta de Castilla y León. Aunque los cálculos son proyecciones ya que no se puede saber el número exacto de declaraciones que se va a producir, el Gobierno autonómico calcula que, extrapolando los datos de 2018, la supresión de los dos impuestos tendrá un impacto en la recaudación de 38,8 millones. De ellos, 33,9 millones corresponden al pago de tributos por las herencias de familiares directos y que superaban los 400.000 euros de cuota líquida. A esta cifra hay que sumar los 4,9 millones de euros que se dejarían de disponer en las arcas públicas como consecuencia de la eliminación del Impuesto de Donaciones entre familiares directos.
De esta manera, la recaudación, si bien se reduciría, mantendría un volumen importante. Si la eliminación prevista hubiese entrado en vigor el pasado año, la Hacienda regional habría ingresado los 128 millones de las herencias de familiares no directos y los 7,1 de terceros, además de los 5,3 millones por las donaciones de familiares no directos.
En el Ejecutivo regional se asegura que son en realidad las clases medias y autónomos y empresarios medianos y pequeños los que en realidad se van a beneficiar la medida. Ahora mismo, con las valoraciones de mercado que hacen los servicios tributarios con una nave, una tierras agrícolas o una simple bodega ya se sobrepasa el límite de los 400.000 euros.
Las ofensiva fiscal de Castilla y León no queda ahí y se hará extensible también a la tarifa autonómica del Impuesto sobre la renta de las personas físicas. La Junta de Castilla y León se compromete a mantener los actuales tipos, los más bajos del país tras la Comunidad de Madrid, y condiciona "a que las circunstancias económicas lo permitan" una posible bajada. También evaluará la posibilidad de mejorar las deducciones en el IRPF ya existentes por nacimiento de hijos y familias numerosas y las que tengan relación con los jóvenes del mundo rural.