Madrid
El Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID (Fonrec), un instrumento que el Gobierno habilitó en plena pandemia para rescatar a pymes golpeadas por la crisis del coronavirus, ha puesto en vigilancia hasta el 25% la cartera de préstamos que concedió con la esperanza de recuperarlos una vez amainara la tormenta. La realidad es que tres años después de desembolsar 645 millones, Cofides, la empresa pública que gestiona este vehículo, ha recuperado casi la mitad (45% aproximadamente) y se ha visto obligado a activar la vigilancia especial para las compañías que no están respondiendo frente a lo esperado ante el aumento de impagos con el goteo de liquidaciones y reestructuraciones en otra parte de las financiadas.
El organismo que preside Ángela Pérez ha logrado recuperar buena parte del dinero gracias a las amortizaciones anticipadas (140 millones) de empresas que han respondido positivamente tras la pandemia, principalmente aquellas dedicadas a la restauración. El resto de dinero recaudado, que suma 260 millones a datos actualizados de julio proporcionados por Miguel Ángel Ladero, director corporativo del departamento de Inversiones, a elEconomista.es, se divide en amortizaciones ordinarias e intereses cobrados.
No obstante, a medida que las devoluciones se van ejecutando, la empresa pública tiene como verdadero reto recuperar los créditos dudosos y en vigilancia especial, que suponen ya hasta el 25% de todo lo prestado. Ahora mismo se monitoriza el estado de salud de aproximadamente 25 empresas que se encuentran en concurso o preconcurso y previsiblemente no devolverán el dinero recibido o, en el mejor de los casos, lo harán tras renegociar un nuevo calendario de pagos. En el peor de los casos, además, Cofides se ha cubierto con garantías que puede ejecutar y posteriormente liquidar.
En las últimas cuentas del Fonrec, la empresa pública explicaba que el último ejercicio cerrado "ha supuesto la materialización del deterioro de las operaciones identificadas coma dudosas en 2023 y, aunque en menor número, se han seguido registrando nuevos impagos". En este sentido, Cofides, que lanzó el Fonrec bajo la anterior presidencia de Jose Luis Curbelo, incluye los importes de principal, intereses y comisiones pendientes de cobro a cierre del ejercicio por 143,84 euros, con un ajuste de valor de 104,47 millones, si bien esta cifra solo tiene efectos contables y no supone una pérdida real.
El recorte viene motivado por la falta de esperanza en recuperar estos créditos. "En el ejercicio 2024, ante el incremento del deterioro de la cartera, la gestora ha determinado que no va a percibir la totalidad de las comisiones devengadas para la participación en los rendimientos del Fondo, en tanto que estas comisiones se cobran cuando Fonrec percibe un cobro par intereses", añade la empresa pública en su memoria.
La causa: la situación de insolvencia de algunos deudores. Esta lista la componen Catering Arcasa, que a finales 2023 entró en liquidación; Atik Automotive, que se declaró en concurso voluntario, o García Faura, donde la empresa pública declaró el vencimiento anticipado del contrato de financiación el pasado año tras diversos incumplimientos contractuales. La lista es más extensa y afecta a 14 empresas.
Algunas de estas circunstancias han llevado incluso a la empresa pública a reclamar en vía judicial. Por ejemplo, está preparando demandas ejecutivas que interpondrá frente a las personas físicas, también fiadoras solidarias, por la quiebra de CSI Suministros, mientras que en INV Seguridad, empresa que fue adquirida parcialmente por Sherpa Capital, Cofides está también elaborando una demanda ejecutiva que presentará frente a la sociedad del grupo que no se encuentra hasta la fecha en situación de concurso.
Rango concursal
La creación de este brazo financiador del Estado ha traído un debate jurídico sobre cómo se clasifican los créditos otorgados ante un proceso de reestructuración. Al prestar dinero mediante créditos ordinarios y convertibles, el rango concursal de este último instrumento ha sido interpretado en distintos sentidos cuando su recuperación se ha visto comprometida en un proceso concursal.
El caso más paradigmático ha sido el de la compañía de cimentaciones Terratest, que entró en reestructuración en 2024 y actualmente ultima su venta. Cofides defiende que el dinero otorgado debe ser considerado como ordinario, en tanto en cuanto es dinero público, mientras que la banca apunta a que su rango es de subordinado, es decir, con desventaja frente a otros créditos con garantía como el de las entidades financieras.
No obstante, el de Terratest no es el único expediente en el que la justicia se ha pronunciado al respecto, ya que el Juzgado Mercantil Número 2 de Barcelona y otro juzgado de Madrid sí se ha inclinado por interpretar como ordinario el tramo participativo de Cofides.