Madrid
Mason Capital vuelve a la carga sobre Grifols y pone nuevamente en el punto de mira su relación con el bufete de abogados Osborne Clarke, histórico asesor legal de la firma de hemoderivados. El fondo activista, que ha conseguido colocar en el consejo de administración de la farmacéutica a un representante, ha enviado una nueva carta -la cuarta desde el pasado año- cargando contra la gobernanza de la cotizada española. En esta ocasión, el destinatario ha sido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y entre sus reclamaciones añade la necesidad de aportar luz y taquígrafos a la última refinanciación de deuda de la empresa.
El inversor estadounidense, que fue fundado en julio del 2000 por los financieros Ken Garschina y Mike Martino, ha incorporado una nueva reclamación a su lista de peticiones: conocer con exactitud los términos de la emisión de bonos de Grifols en la recta final de 2024, que, según su opinión, favorece "potencialmente" a Brookfield. Mason se refiere con estas palabras a la puerta que supuestamente habría dejado abierta a Brookfield entre los términos y condiciones de su última emisión, según explicó Bloomberg en diciembre.
Dicha cláusula especial pasa por permitir un reembolso anticipado preferencial solo para el inversor canadiense, que abandonó la opa sobre la compañía tras varios meses de análisis -oficialmente se aludió al precio como motivo de la ruptura de las negociaciones-, y no para cualquier otro comprador potencial. Esta circunstancia, de confirmarse, supondría "favorecer a un comprador potencial específico en detrimento de los accionistas" y, por tanto, "sería una clara violación del deber fiduciario por parte del consejo", en palabras de Mason.
Pulso con Osborne Clarke
El resto de quejas del fondo giran en torno a su relación entre Grifols y el bufete de abogados Osborne Clarke. En este sentido, Mason señala que la farmacéutica española carece de un departamento legal interno propio de una firma de su tamaño. "Mason ha podido localizar solo a 14 empleados en el departamento legal de la empresa, todos los cuales indican que se encuentran en Estados Unidos, en lugar de en la sede de Grifols, en Barcelona", dice en su carta.
Por contra, señala que le llama la atención que en su lugar únicamente dependa del despacho de abogados y concretamente de Tomás Dagá, a quien ya pidieron su dimisión meses atrás. "Grifols debería hacer pública la estructura de su departamento jurídico, incluidas las delegaciones de autoridad. La transparencia en este sentido permitirá a los accionistas evaluar mejor la gobernanza y la eficiencia operativa de la compañía", concluye Mason.
Cuarta carta
La de este lunes es la cuarta carta que Mason Capital remite en el marco de su entrada en Grifols. La primera de todas llegó en verano, con motivo de la compra de una participación minoritaria junto a otros dos fondos de corte activista, Sachem Head y Flat Footed. Mason pidió entonces la entrada en el consejo de administración con el nombramiento de Paul S. Herendeen, directivo con experiencia en sector farmacéutico y aliado histórico de alguno de estos fondos activistas, como vocal.
Poco después envió su segunda misiva, aprovechando los tambores de opa en la farmacéutica por parte de Brookfield junto a la familia fundadora. Dicha carta ahondaba en el precio que el fondo canadiense manejaba sobre la compañía y consideraba que infravaloraba "drásticamente la empresa". La opa era al fin y al cabo "el resultado de una mala gestión corporativa por parte de un consejo de administración conflictivo con un historial de mala asignación de capital".
En la tercera de las cartas el foco se puso especialmente en Dagá y Osborne Clarke. Fijó cuatro puntos a esclarecer para saber si debían elegir o no al abogado consejero en su reelección en la próxima junta de accionistas. Entre estos aspectos figuraba conocer los honorarios pagados o cuál ha sido la participación accionarial del consejero en el despacho.