Las letras torcidas del PSOE en Canarias al usar al discurso de Vox

"El Gobierno de España no está a la altura de lo que ocurre en Canarias. ¿Y cuál es la solución para las personas locales? El 40% en el umbral de la pobreza: ¿Los mandamos también a hoteles?".

Eso no lo ha dicho el silencioso Vox en Canarias. Lo ha afirmado esta semana el líder del PSOE de Fuerteventura, Blas Acosta, socio de Podemos desde verano de 2020. Y es que el líder Cabildo de Fuerteventura ha demandado al Gobierno central que se proteja al turismo evitando la llegada de ilegales a los hoteles y reabriendo el centro de internamiento de extranjeros de El Matorral.

El PP apunta que el cierre del CIE de Fuerteventura "choca" con la "política de gestos" que atribuyó al PSOE después de que asumiera la presidencia del Gobierno el socialista Pedro Sánchez. Vox ha pedido al Gobierno que movilice a la Armada ante la creciente llegada de pateras con inmigrantes a las costas españolas de Canarias. El partido de Santiago Abascal afirma que el país "están sufriendo una llegada de ilegales a nuestras costas, muchos contagiados, sin precedentes y la Guardia Civil está desbordada". El uso de la Armada en Fuerteventura lo pidió el que fuera líder de CC, José Carlos Mauricio.

Pero no solamente es Acosta desde Fuerteventura. La alcaldesa de la poderosa zona turística de Maspalomas, Concepción Narváez (PSOE), sentencia: "Los complejos de apartamentos y hoteles, no son el espacio para alojar a los inmigrantes porque entiendo que para eso están las instalaciones de titularidad del Estado, y deben tener preferencia en este caso". Y recuerda que "el municipio con más camas turísticas y motor de la economía, tiene la cárcel, un vertedero, un centro de menores en Ayagaures, el centro cívico de Tunte y la central eléctrica".

En 2017 Podemos Fuerteventura pidió al Gobierno el cierre del centro porque están "absolutamente en contra de estas cárceles para personas inocentes". La diputada Meri Pita afirmaba que este centro se cerró "por las reiteradas denuncias de violaciones de los derechos humanos en su interior". En 2018 el Ministerio del Interior decidió cerrar el centro. Entonces, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo sentirse alegre. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, impulsó esta medida porque el centro llevaba años sin usarse y generando gasto. En junio de 2020, el Cabildo de Fuerteventura desveló que estaba planeando firmar de inmediato un convenio con el Estado para la reapertura parcial del antiguo centro de internamiento de extranjeros de El Matorral, convirtiéndolo en un centro de acogida de los inmigrantes que ahora tiene alojados en distintos espacios de la isla, "no como cárcel ni como CIE".

Las zonas turísticas tienen el problema de la llegada de pateras porque los acuerdos con Podemos para instar a su cierre se están cumpliendo y porque hay razones judiciales. Ahora se baraja que los ilegales vayan a instalaciones militares, cosa que puede generar riesgos al personal de tropa. En Las Palmas, el juez que tutelaba el CIE de Gran Canaria hasta su cierre durante el estado de alarma visitado este jueves el muelle de Arguineguín para interesarse por los 352 inmigrantes que permanecen desde hace días en ese campamento provisional, que ha calificado de "vergonzoso" y del que ha denunciado que no reúne condiciones "para ningún ser humano".

El magistrado Arcadio Díaz Tejera, titular del Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha defendido que "existen instalaciones en Canarias y en España" con condiciones adecuadas, por lo que ha apelado a la "solidaridad territorial" para solucionar este problema. A su juicio, el problema generado al desbordarse la red de acogida de Canarias por la constante llegada de pateras y cayucos -en particular en islas como Gran Canaria- "concierne a todos", por lo que las administraciones no pueden seguir "escondiéndose en el argumento de que no es su competencia" para eludir la situación. Por ello, Díaz Tejera ha denunciado que en el archipiélago "resuena un atronador silencio" de los representantes políticos y cargos públicos, que hace posible esta situación. Estas "no son las condiciones adecuadas para un ser humano", la alegado el juez, que emplaza a los responsables a hacerse cargo porque "no es un problema canario, sino que afecta a todo un continente".

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