Las Palmas de Gran Canaria
La Administración canaria y Ejecutivo central comienzan este mes de marzo la ruleta de competencias que desea asumir la Comunidad Autónoma en un primer contacto antes de la convocatoria de la comisión de transferencias Canarias-Estado.
Canarias va a pedir, entre otras, Costas o gestión de Paradores y estar presente en los centros de poder relacionados con Aena. También hay interés por controlar lo que sería la parte insular de la CNMC con lo que se llamaría Autoridad Canaria de Competencia. No hay que olvidar que las islas tienen su AEAT propia pero con el apellido de canaria.
El Estatuto de Canarias, la Ley Orgánica 1/2018, atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 120.1, "la competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Canarias" y, en el 120.2, "la competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio del Archipiélago". Además del reconocimiento legal de las nuevas atribuciones, el reciente Estatuto incluye, en el artículo 120.3, la "creación un órgano especializado de defensa de la competencia con jurisdicción en todo el Archipiélago, cuya actividad se coordinará con los previstos en el ámbito estatal y comunitario europeo".
Con ello se pretende cumplir con un "ineludible compromiso estatutario cuya materialización es aconsejable llevar a cabo en un plazo razonable, para dar respuesta a las relaciones de mercado en permanente cambio", señala el Gobierno de Canarias en un texto al que ha tenido acceso elEconomista. Además, esta medida representa "la firme voluntad de que el nuevo órgano esté en condiciones de hacer suyas las mejores prácticas seguidas por los organismos de supervisión y control en los ordenamientos más experimentados", apunta el texto regional.
Entre las primeras materias que va a solicitar Canarias están Competencia, Costas y la participación en las entidades del Estado
El portavoz del Gobierno de Canarias, el socialista Julio Pérez, informó este jueves en rueda de prensa que sobre este asunto se han hecho algunos avances aunque, explicó, hay materias con mayor o menor complejidad a la hora de gestionar su transferencia. El jefe del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido a los consejeros que preparen sus propuestas en cuanto a las materias más plausibles de transferencia, y en función de los requerimientos del nuevo Estatuto de Autonomía.
Pérez indicó que entre las primeras materias cuyo traspaso prevé solicitar Canarias se encuentran la de la Autoridad Canaria de la Competencia, Costas y la participación en las entidades del Estado. También proyecta demandar la seguridad privada para eventos festivos y deportivos, entre otros, y para ello Canarias estudia los modelos de País Vasco y Cataluña. Julio Pérez subrayó que se trata de asumir competencias "de manera reflexiva y ordenada".
El pasado mes de noviembre, el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, afirmó en un seminario sobre el Estatuto organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, que "pese a las corrientes contrarias al reconocimiento de la diversidad territorial española, el nuevo Estatuto consiguió amplia mayoría en Parlamento canario y Cortes".
En su opinión, la reforma aprobada en 2018 "nos coloca en un nivel relevante de autogobierno para mejorar la vida de la gente con transferencia de nuevas competencias y el desarrollo de derechos ya existentes". En la esfera institucional, Rodríguez subrayó que la norma consagra la reafirmación europeísta de Canarias con estatus diferenciado como RUP, determina las aguas territoriales del archipiélago como parte de la Comunidad y considera a La Graciosa como octava isla.
El vicepresidente también se refirió a los aspectos económicos, como la desvinculación del REF de la financiación autonómica o el traspaso de nuevas competencias, relacionadas, por ejemplo, con la tutela financiera de las corporaciones locales, prisiones o seguridad privada. Rodríguez calificó de paso histórico el dado en 1982 para la aprobación del primer Estatuto e introducir el concepto de autonomía más allá del de isla y destacó que "la capacidad de autoorganización y autogobierno se ha demostrado como fundamental para el beneficio general".
