Las Palmas de Gran Canaria
Maspalomas ha dejado atrás el periodo de controversias locales con las inversiones en el sector hotelero para impulsar inversiones locales.
Además de dar luz verde a las inversiones de Sea Side de Theo Gerlach en Pasito Blanco ha autorizado a Sol Meliá a ejecutar una operación de renovación en el Tamarindos (San Agustín) por importe de 19 millones de euros. Un hotel de cinco estrellas lanzado hace 45 años que se encontraba a la espera de autorizaciones para ejecutar estos cambios desde hacía dos años. Mientras esto pasa en Gran Canaria, en Tenerife la patronal de la construcción ha denunciando este mes que las corporaciones locales están frenando al sector privado colocando barreras en obras civiles.
El truco empleado en el sur de Gran Canaria ha sido unir bajo un mismo partido y bajo un mismo mando las actividades de urbanismo y turismo. El concejal de Turismo de Maspalomas, Alejandro Marichal, es de Coalición Canaria, partido que no tiene poder en la islas. Mantiene acuerdos con el PSOE (que tiene la Alcaldía) y Nueva Canarias, que controla la presidencia de la isla. CC mantiene buenas relaciones con ASG, el partido socialista de Casimiro Curbelo que dirige Industria, Turismo y Comercio en el Gobierno de Canarias.
En el ámbito local, Marichal sostiene que todo es producto del esfuerzo de los técnicos, la colaboración de los funcionarios de Intervención y del papel de sus compañeros de coalición municipal de gobierno. Se niega a hacer declaraciones. "No tengo tiempo", sostiene. Como detalle Maspalomas estrena una serie de chiringuitos que estaban almacenados desde hacía cuatro años generando un gasto de 600.000 euros.
El anterior grupo de gobierno dejó una serie de tareas pendientes como la ejecución de Siam Park y más de 8.800 expedientes urbanísticos sin resolver. de los cuales 1.300 corresponden a licencias de obra mayor y más de 1.000 a licencias clasificadas. En septiembre de 2019, el nuevo grupo de Gobierno de San Bartolomé de Tirajana denunció "la situación administrativa de caos absoluto" en la que se encuentra el Ayuntamiento, donde "se han encontrado" con más de 8.800 expedientes urbanísticos "sin resolver", de los cuales 1.300 correspondían a licencias de obra mayor y más de 1.000 a licencias clasificadas.
La falta de personal, las facturas impagadas y la carencia de transparencia son los principales retos a los que se enfrenta el nuevo grupo de Gobierno de San Bartolomé de Tirajana. Durante los ocho años de mayoría absoluta, Agrupación de Vecinos (PP) "dejó puestos de trabajo sin cubrir, indemnizaciones pendientes de pago, así como servicios y contratos sin renovar, lo que ha propiciado que la administración local se encuentre en una situación bastante delicada", lamentaba la alcaldesa del municipio. Además de esto, en Intervención existen más de 2.000 facturas sin gestionar que ascienden a un montante de 15 millones de euros.
En la Concejalía de Urbanismo existían además de los 8.800 expedientes sin resolver
Por otro lado, el inventario de Patrimonio Municipal que no se actualizaba desde hace 25 años, lo que ha provocado que se dejen de ingresar unos 9 millones de euros de rentas y concesiones administrativas. En contratación existen más de 100 expedientes incompletos de servicios, suministros y obras que ascienden a 11 millones de euros sin materializar. En la Concejalía de Urbanismo, existían además de los 8.800 expedientes sin resolver, "más de 100 expedientes paralizados que suponen el bloqueo de inversiones que superan los 1.000 millones de euros y, en consecuencia, la imposibilidad de generar nuevas oportunidades de trabajo", aseguraba en septiembre Marichal.
A esto hay que añadir las reclamaciones presentadas al Ayuntamiento, con sentencia firme, y que superan los 50 millones de euros y que se debe a una política urbanística "errática, arbitraria, y en algunos casos, temeraria", añadió el edil, que indicó que en Disciplina urbanística existen cerca de 600 expedientes sin resolver.
