Pimco y Anchorage, dos grandes fondos tenedores de deuda del Popular antes de su resolución, han presentado ante el Tribunal de Apelaciones de EEUU del Segundo Circuito un recurso contra su decisión de no solicitar información al Banco de Santander sobre el Popular.
El magistrado de Nueva York encargado de pronunciarse en el proceso de 'Discovery' (procedimiento que tiene como objetivo solicitar información, en este caso, al Santander, que pueda servir de prueba en los procedimientos abiertos en Luxemburgo y España) no otorgó la petición contra Banco Santander SA, Santander Holdings USA Inc y Santander Bank NA al considerar que el tribunal no tenía jurisdicción sobre las mismas, al no "residir" en ese distrito. No obstante, sí instó a otra filial del banco, Santander Investment Services, a facilitar información sobre el Popular, pero ésta no intervino en el proceso de resolución, careciendo así de información relevante para el caso.
El proceso de 'Discovery' fue iniciado la pasada primavera por el grupo de inversores mexicanos del Popular encabezados por el empresario Antonio del Valle, a los que luego se unieron los fondos bonistas. Estos inversores mexicanos ya presentaron el mes pasado una apelación contra la decisión del juez de Nueva York, a la que ahora el despacho Quinn Emanuel, que representa a los dos fondos, solicita adherirse. Javier Rubinstein, socio de Kirkland & Ellis que representa al grupo inversor, aseguró en su día que confía en que la apelación concluya con la exhibición de los documentos deseados, "ya que son altamente relevantes para entender los hechos y las circunstancias que llevaron a la resolución y la venta del Popular". Rubinstein dijo que este proceso es "clave" para garantizar una "mayor transparencia" en los hechos.
Antecedentes
El pasado 20 de octubre, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que Santander Investment Services debía revelar documentación clave sobre la resolución del Popular y su posterior compra por la entidad al precio simbólico de un euro. Sin embargo, el juez Eduardo Ramos dejó fuera de la petición a Banco Santander SA, Santander Holding USA y Santander Bank NA. Esta decisión se basó en que las últimas tres entidades no tienne su actividad principal en Nueva York, ámbito de su jurisdicción.
El procedimiento, conocido como 'Discovery', permite a los demandantes solicitar pruebas sobre una causa legal abierta en el extranjero siempre que el demandado tenga presencia en Estados Unidos, como es el caso de Banco Santander, y se considere que ostenta documentación relevante.
La resolución del Popular el 6 de junio de 2017 se ha caracterizado por la gran opacidad llevada a cabo durante el proceso por la Junta Única de Resolución (JUR), encargada de su intervención. La institución europea, inicialmente, no facilitó los documentos sobre los que basó la resolución, y en la actualidad, es decir, un año y cinco meses después de la resolución, aún no ha publicado los documentos completos, todos han sido censurados en partes.
Esta posición mina la defensa de los afectados, que solicitan información para poder montar su estrategia de cara a los procesos abiertos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en la Audiencia Nacional de España: uno por la vía contencioso-administrativa contra el Frob (encargado de ejecutar la resolución) y otro por la vía penal, contra los antiguos gestores del Popular.
Además, por otro lado, la JUR decidió este verano no solicitar a Deloitte el informe definitivo sobre cuánto valía el Popular el día antes de su resolución. La institución consideró que no era relevante para el caso.