Banca y finanzas

La banca ya ha devuelto unos 13.000 millones a los clientes e inversores por sentencias judiciales

  • El importe de las demandas futuras puede suponer un coste aún mayor
Foto: Archivo

La banca ya ha asumido un coste de unos 13.000 millones por los casos judiciales a los que se ha tenido que enfrentar en los últimos años como consecuencia de malas prácticas y, algunos casos, cambios de criterios e interpretación de la legislación. El calvario para el sector en los tribunales aún no ha terminado y se expone a tener que devolver a clientes e inversores una cantidad que puede ser superior a la factura abonada hasta ahora por, entre otras cuestiones, el índice IRPH o los gastos hipotecarios.

La sentencia de esta semana del Tribunal Supremo, por la que obliga a las entidades a tener que sufragar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de la constitución de las hipotecas, es un claro ejemplo de la amenaza que representan las decisiones de los tribunales. Tal es la magnitud de este fallo que el propio Supremo solo 24 horas después informó que se paralizaba su efectividad y que el Pleno analizará en próximas fechas si serán los bancos los que finalmente tengan que pagar este gravamen o los clientes, como viene siendo habitual desde hace tiempo.

Hasta la fecha, las consecuencias más relevantes han venido derivadas de la comercialización de preferentes a consumidores particulares; la inclusión de cláusulas suelo no transparentes en los préstamos para la adquisición de viviendas; y la colocación en bolsa de Bankia. Pero desde que estalló la crisis, el sistema financiero español ha sido condenado por derivados, coberturas, bonos de Lehman Brothers, intereses de demora, tarjetas de crédito e hipotecas multidivisa.

En preferentes, como consecuencia de las sentencias judiciales y el escándalo social generado, las entidad han devuelto en torno a 7.000 millones. Una parte importante ha sido desembolsada vía extrajudicial, a través de los procesos arbitrales impulsados por el anterior Gobierno en los grupos financieros que fueron rescatados con ayudas públicas (CatalunyaCaixa, Novagalicia y Caja España Duero, además de Bankia).

En cláusulas suelo, el Ejecutivo también incentivó la puesta en marcha de una vía extrajudicial tras la decisión del Tribunal de Luxemburgo de declarar una retroactividad total en el caso de su nulidad por mala comercialización. Hasta marzo, las entidades habían devuelto unos 2.300 millones, algo menos de la mitad del riesgo máximo al que se exponen. De hecho, los juzgados están colapsados por reclamaciones de clientes por esta cláusula, que afecta prácticamente a todo el sector. Solo el Santander y Bankinter han esquivado este golpe.

La salida a bolsa de Bankia también representa una parte relevante del coste que han tenido las decisiones de los tribunales. La entidad nacionalizada se vio obligada a reingresar unos 1.800 millones a los inversores particulares que acudieron a su colocación en el mercado en 2011.

En los próximos años, la factura podría crecer sustancialmente por distintas cuestiones. Además de las resoluciones que se vayan produciendo por cláusulas suelo, los bancos se enfrentan a previsibles condenas sobre gastos de notaría y registro de hipotecas, la vinculación de créditos al índicador IRPH, la anulación de las hipotecas multidivisa, nuevos casos de contratación de swaps y venta de tarjetas con intereses abusivos, además de la posibilidad de que el Supremo les obligue a sufragar el polémico impuesto de Actos Jurídicos Documentados de los créditos para la adqui- sición de una vivienda.

En el aire también se encuentran las posibles indemnizaciones a las que se enfrenta el Santander por la ampliación de capital de 2016 del Popular, cuyo montante podría ascender a más de 1.000 millones.

Las provisiones con las que cuenta el sector para hacer frente a estos posibles litigios se limita a cláusulas suelo y a multidivisas y no cubre todo el riesgo. La defensa de las entidades es clara en todos los casos. El criterio fijado es que se analice cada proceso emprendido porque las malas prácticas o el abuso no es generalizado. Con esta estrategia también aplazan los costes de los eventuales reingresos y su impacto en la cuenta de resultados.

Pese a la magnitud de los procedimientos, estos se alejan de las multas y devoluciones que han sufrido los principales bancos que operan en Estados Unidos como consecuencia de las hipotecas subprime. La administración norteamericana ha llegado a acuerdos con entidades que alcanzan los 13.000 millones que ya han abonado las españolas en nuestro país. Éste es el caso de JP Morgan, por ejemplo.

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