El inspector del Banco de España y responsables de la vigilancia de Banco Popular, Ignacio Pardo, ha aclarado, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, que las pruebas de resistencias superadas por la entidad en 2016 no evaluaba la respuesta a una crisis de liquidez como la que supuso la resolución de la entidad al año siguiente, pero detectó "una destrucción importante de capital en escenario adverso". El jueves declararán los ex presidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho.
Así se expresó Pardo en la comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera del Congreso de los Diputados, donde defendió que en ese tipo de pruebas no se suspende ni se aprueba.
A este respecto, explicó que este tipo de exámenes son una herramienta supervisora para evaluar la resistencia de los bancos ante determinadas situaciones.
En todo caso, recordó que en esa prueba de 2015 el Banco Popular, según la información pública de la prueba, fue el tercer peor banco analizado. Para Pardo, según explicó en su comparecencia, este resultado indicaba una "destrucción importante de capital en escenario macroeconómico adverso".
Dentro del Banco de España, este inspector estuvo a cargo del Banco Popular entre finales de 2008 y 2010. Pardo ha recordado que en parte como consecuencia de las pruebas de resistencias, Popular lanzó una ampliación de capital de 2.500 millones de euros, a la que le siguió otra de la misma cuantía en 2016 para mejorar sus niveles de capital.
"Popular no ha supuesto ningún coste para el contribuyente"
Pardo ha precisado que el Banco Popular tenía problemas estructurales desde hace muchos años por su "elevada concentración" en el sector de la construcción, que en 2008, alcanzaba el 36% de su cartera total de créditos.
Aunque el Banco de España advirtió a la entidad sobre este asunto, y Popular tomó medidas, y puso como límite un 25% de su cartera, "no fue suficiente", ha dicho Pardo, para quien, el punto de inflexión de la entidad se produjo en 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria.
Además, ha señalado el Banco Pastor -comprado por Popular en 2011- ha dicho que tenían problemas estructurales similares a banco intervenido.
"Popular no ha supuesto ningún coste" para el contribuyente, ha destacado Pardo, que ha reconocido que con "más herramientas" y más medidas por parte de CCAA, auditoras, agencias, o los propios gestores de las entidades, se podría haber minimizado la situación del sector financiero en la crisis.
El BCE no autoriza a un inspector a explicar al Congreso su supervisión en el Banco Popular
La polémica de la intervención ha sido que el Banco Central Europeo (BCE) no ha autorizado al inspector a hacer declaraciones desde que está inscrito al supervisor europeo, desde febrero de 2017; lo que ha despertado la indignación de algunos diputados porque no puede contestar a las preguntas sobre la resolución de Popular en junio del año pasado.
La presidenta de la comisión, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha explicado que el propio compareciente hizo llegar al Congreso un escrito con las limitaciones para declarar impuestas por el Banco de España y el BCE. Sin embargo, el supervisor español, "en total conformidad con la política de total colaboración con esta comisión, ha levantado cualquier restricción a las manifestaciones que pueda hacer", ha dicho Oramas.
No es el caso, ha continuado, del Banco Central Europeo, que "en línea también de otras autoridades europeas, señala que no autoriza al señor Pardo a efectuar declaraciones al respecto de su trabajo en dicho organismo".
El Banco Central Europeo, según Oramas, se ha ofrecido a los grupos parlamentarias a trasladar por escrito cualquier demanda de información, vía Parlamento Europeo. Estas limitaciones han sido criticadas por Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra Republicana.
El jueves declararán los ex presidentes de Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho
Las comparecencias continuarán mañana con la empresa que auditó durante más de tres décadas a Banco Popular Popular, PwC, recibiendo el Congreso a su presidente, Gonzalo Sánchez Martínez.
Ya el jueves, el Congreso recibirá a los dos últimos presidentes del banco antes de su resolución, Ángel Ron, que trabajó en el banco desde los años 80 y que lo presidió entre 2006 y 2017, y Emilio Saracho, que dirigió el banco durante apenas un semestre, hasta su renuncia el 7 de junio, una vez declarada la inviabilidad de la entidad.
Por último lugar, la comisión que investiga la crisis recibirá la semana siguiente Rodrigo Echenique, vicepresidente del Banco Santander, y elegido presidente del Popular una vez fue adquirido por la entidad que dirige Ana Patricia Botín. Echenique comparecerá ante el Congreso el próximo miércoles 18 de julio.
