El Banco Santander preparó una oferta por el Popular antes de su caída de 3.000 millones de euros, según desvela Antonio del Valle, el empresario mexicano y dueño del 4,2% del Popular antes de su resolución, en las acciones presentadas ante el tribunal federal de EEUU, contra España y el grupo cántabro. El escrito de Del Valle señala que la pasada primavera y en el marco del proceso de venta oficial del Popular en el que se pidieron ofertas a potenciales compradores, entre los que estaban CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankia y Santander, la entidad cántabra estaba preparando una oferta por dicha cuantía, y para ello contó como asesores con UBS y una empresa de banca de inversión y servicios financieros con sede en Nueva York.
Desde el Santander aseguran que el banco solo presentó una única oferta, la de un euro, que fue la que se conoció tras la decisión adoptada por la Junta Única de Resolución (JUR). De hecho, desde el grupo aseguran que se comunicó en su momento (en referencia al periodo abierto a ofertas antes de la resolución) a JP Morgan que el Santander no iba a presentar oferta.
Del Valle encabeza en sus acciones judiciales a un grupo formado por 55 antiguos inversores del Popular. Las actuaciones siguen dos vías. De un lado, buscan la reparación del daño a los accionistas, por medio del inicio de un arbitraje internacional contra España, por haber violado el tratado bilateral de inversión con México y, de otro, han iniciado un proceso en un juzgado de Nueva York para requerir al Santander toda la información que envolvió la compra del banco.
Según los afectados, España participó activamente en el proceso de toma de decisiones que llevaron a la resolución del Popular, "una institución financiera solvente", destruyendo las inversiones de más de 300.000 inversores.
Acusa al Gobierno de "diseñar" la venta de la entidad al Santander por un euro, "muy por debajo del valor justo de mercado del banco" y, después, implementar la resolución a través del Frob.
El escrito apunta a que se ignoraron soluciones alternativas propuestas por la iniciativa privada, que habrían evitado la resolución. Así, recuerda que en abril se comenzó un proceso para realizar una ampliación de capital de 4.000 millones, en el que se invitó a participar a bancos, inversores institucionales e individuos de alto patrimonio, que se comprometieron a cubrir la mitad de la cuantía, mientras que otros inversores como Deutsche Bank, Barclays o Pimco, también mostraron su interés en la operación.
Del Valle señala que el Gobierno tuvo conversaciones secretas con el Santander para facilitarle la venta y recuerda que el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, estuvo con la presidenta del Santander, Ana Botín, en la reunión del club Bilderberg celebrada en Virginia (EEUU) entre el 1 y el 4 de junio, dos días antes de la resolución.
España tiene seis meses para debatir las cuestiones del arbitraje
El grupo de inversores encabezados por Antonio del Valle remitió el pasado enero una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le comunicaban las intenciones de iniciar un arbitraje internacional. Desde la comunicación de la misiva, se abrió un periodo de reflexión de seis meses, en los que el Ejecutivo podrá discutir las reclamaciones de los inversores y resolver la disputa. En caso contrario, este grupo de antiguos accionistas iniciará el arbitraje internacional, en conformidad con el tratado México-España.