El presidente del Frob, Jaime Ponce, se mostró contrario ayer a la postura de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, de mantener la confidencialidad sobre el informe de Deloitte en el que se basó la decisión de resolución del Popular.
Frente a la intención de la institución europea de dar a conocer de manera parcial dicho documento, forzada por el Panel de Apelación de la propia JUR, Ponce aboga por la máxima transparencia. El presidente del Frob que intervino ayer en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera explicó que la decisión de resolución tuvo un impacto tan grande sobre los ciudadanos que "exige un esfuerzo de transparencia". Al respecto, hizo clara mención a que la institución de resolución tiene la voluntad de hacer llegar al Congreso el informe de valoración, eso sí, editado, tratando de calmar así las aguas entre los grupos parlamentarios después de que König, en su intervención en la misma comisión del pasado día 11, se negara a hacerlo y remitiera a los diputados a la página web de la JUR.
Proceso de resolución
Ponce, por otro lado, avaló el proceso de resolución del Popular, puesto que aseguró que "el camino correcto" es la absorción de pérdidas privadas frente al interés público, aunque sí matizó en este ámbito la necesidad de desarrollar una cultura financiera que permita entender a los clientes minoristas las consecuencias de tener acciones o instrumentos de deuda. En referencia a la prolongada crisis del banco, recomendó la sustitución, lo antes posible, de los gestores que no son capaces de enderezar el rumbo de una entidad. Finalmente, preguntado por los diputados sobre cómo los litigios por la resolución del banco pueden afectar a las arcas públicas, el presidente del Frob explicó que en la venta del Popular, la JUR no le dio ninguna garantía al Santander sobre los riesgos. Sin embargo, aclaró que, si finalmente se valorara que un concurso ordinario del Popular hubiera beneficiado más a los accionistas que la resolución, el Fondo Único de Resolución asumirá el coste.
Por otro lado, el presidente del Frob abrió la puerta a retrasar la privatización de Bankia más allá de 2019, tal y como marca la legislación aprobada por el Congreso. Aunque Ponce insistió que el objetivo es "desinvertir", también recordó que el plazo es ampliable y que no se va a "hacer una venta forzosa" si las condiciones del mercado no son adecuadas, o lo que es lo mismo, si el precio de la acción es bajo. La participación del Frob en Bankia tras la última venta del 7 por ciento el pasado 11 de diciembre, es del 60,63 por ciento, y será del 60,93 cuando se materialice la fusión con BMN.
El presidente de la autoridad nacional de resolución explicó que el total de recursos públicos empleados para la reestructuración del sistema bancario español es 59.056 millones de euros, de los que se han recuperado el 14,5 por ciento, es decir, 8.568 millones. De ellos, 5.911 millones son por amortización de intereses e instrumentos híbridos, y el resto a las dos ventas de Bankia y el cobro de dividendos.
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