Un grupo de bonistas del Banco Popular presentó el jueves un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra la resolución de la entidad decidida por la Junta Única de Resolución (JUR) y la rápida aprobación de la Comisión Europea. Este grupo está formado por unos 60 tenedores de bonos entre los que están los grandes fondos Anchorage Capital, Algebris Investment y Ronit Capital. Los bonos amortizados por la JUR ascendieron a 850 millones.
Los bonistas acusan a la presidenta de la JUR, Elke König, de provocar la crisis de liquidez del banco a raíz de las declaraciones que realizó el pasado 23 de mayo a Bloomberg TV con las que avivó los rumores de una temprana intervención. Desde el despacho de abogados norteamericano que representa a estos afectados, Quinn Emanuel, señalan que los comentarios de König dieron lugar a la caída del banco y a su posterior resolución. "La violación del secreto profesional de la JUR socavó la confianza de los inversores del Popular y dio lugar a una fuga de depósitos", aseguró el jueves el socio del bufete, Richard East.
Opacidad en el proceso
Los afectados se muestran a la par sorprendidos de que, a pesar del impacto negativo de estas filtraciones, ni la Comisión Europea ni la JUR estén llevando a cabo una investigación independiente y transparente.
El recurso pide la anulación de la resolución del Popular bajo el argumento de que la JUR se basó para su decisión en una información incompleta que incluía un informe elaborado "de forma precipitada" por Deloitte. Critican además que este documento aún no se haya hecho público, motivo por el que acusan a la JUR de demostrar una total falta de transparencia. La presidenta de esta autoridad europea aseguró en su día que el informe elaborado por la consultora no verá la luz porque contiene información que consideran secreto comercial y podría afectar a la estabilidad financiera.
Las acciones de los bonistas también cargan contra la Comisión Europea por evaluar la resolución recomendada por la JUR en tan sólo 77 minutos, tiempo que los grandes fondos consideran insuficiente para realizar una revisión adecuada del proceso.
Los recursos presentados por este grupo ante Luxemburgo no han sido firmados, sin embargo, por Pimco, la mayor gestora de renta fija del mundo que se encontraba dentro de este grupo de bonistas representados por el mismo despacho de abogados y que perdió en torno a los 270 millones de euros.
Por otro lado, el despacho Quinn Emanuel también prepara una segunda vía de acción ante el caso de que se rechace la anulación de la resolución en la que, entonces, solicitarán una compensación por daños y perjuicios.
Los grandes fondos han apurado así el plazo para presentar sus recursos ante Luxemburgo, que terminaba este jueves. La normativa europea establece un tiempo de dos meses para presentar las acciones, que en este caso habría culminado el 7 de agosto, aunque se concedió una prórroga de diez días por la razón de la distancia.
40 acciones judiciales
Ya se han presentado 40 acciones judiciales en los tribunales de la UE contra la resolución de la entidad, según Reuters. Entre los que han acudido a Luxemburgo está el empresario mexicano Antonio del Valle, además de 4.000 pequeños accionistas concentrados en Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoratiraios). La familia chilena Luksic también anunció que recurriría ante la justicia europea.
