A posteriori de la resolución de Banco Popular y después de que el valor de los títulos de los inversores del banco pasaran a valer cero euros, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) solicitará un tercer informe independiente para determinar si la resolución de la entidad fue la mejor solución para accionistas y acreedores, o por el contrario, había alternativas más beneficiosas. La decisión de pedir esta tercera opinión no llega de forma aleatoria si no que está recogida dentro de la regulación europea en materia de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Éste tercer informe, que incluso puede ser encargado a Deloitte, la firma multidisciplinar que realizó el primer informe provisional y de carácter absolutamente privado que dio lugar a la resolución del Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, valorará si la pérdida de los accionistas y acreedores del Popular ha sido mayor o menor de la que podría haber sido si se hubiera realizado un procedimiento de insolvencia ordinario.
De este modo, y en caso de que la resolución haya supuesto finalmente una mayor pérdida de valor para los inversores, el resultado sería que el Fondo Único de Resolución europeo tendría que indemnizar a los afectados con el pago de la diferencia, según explican fuentes conocedoras de la situación.
Toca así al tercer informe ponerle precio a la realidad de los accionistas y a partir de ahí determinar si surge la posibilidad de indemnización.
Sin embargo, aunque el informe provisional de Deloitte que dio pie a la resolución del Popular no se ha hecho público por motivos de confidencialidad de la información bancaria, las primeras filtraciones del mismo apuntaron ya en su día que el documento ya señalaba la opción de la resolución como la mejor solución para los accionistas minoritarios.
A la espera del BCE o un juez
Ante la dificultad de que salga a luz el codiciado informe, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, aseguró la semana pasada que el organismo está manteniendo conversaciones con el Banco Central Europeo con el objetivo de llegar a un acuerdo por el que el segundo autorice al primero a explicar de manera exhaustiva y paso a paso todo lo ocurrido con la entidad anteriormente presidida por Emilio Saracho.
Otra de las opciones que se abren en el panorama para que el documento vea la luz pública, según explican fuentes conocedoras de la situación, es por vía judicial. En el momento en el que un juez que instruya la pugna de la resolución reclame el informe, Bruselas estará obligado a entregarlo.
La mejor solución
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, defendió el pasado martes que la opción escogida con el Popular fue la mejor y la tachó de "exitosa" por no haberse utilizado fondos públicos y por la protección de los depósitos. Sin embargo, las acusaciones de falta de transparencia planean sobre la Junta al negarse a publicar el informe. Fuentes del sector plantean que, desde Europa, pueden estar haciendo la lectura de no publicar el informe provisional a falta de que sea definitivo.
