"Nos ocupa, pero no nos preocupa", afirmó el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, sobre la posible extensión de las reclamaciones a los institucionales por la salida a bolsa. En primer lugar, porque sin tener aún la sentencia del Supremo no se puede asegurar que empresas y fondos puedan reclamar. En segundo lugar, porque aun en el caso de que así fuera, alrededor de 600 millones de euros, de un total de 1.250 millones de euros colocados entre estos inversores, no podrán ser reclamados, ya que las acciones se vendieron al poco tiempo de la salida con ganancias o pérdidas pírricas.
Entre los particulares, a los que se colocaron unos 1.850 millones de euros en acciones, también hay excepciones a la reclamación, ya que unos 255 millones de euros cambiaron de manos antes de que la cotización emprendiera un camino decididamente bajista, allá por marzo de 2012.
Esto supone que casi un 28% del importe recaudado en la OPS (Oferta Pública de Suscripción), según Bankia, está excluido del cómputo de las devoluciones. En euros, esto supone que Bankia limita a unos 2.245 millones la cifra total que puede ser reclamada, tanto por particulares como por inversores cualificados.
500 millones en abogados
Eso sí, hay que añadir otros costes y no pequeños. La provisión por la factura de abogados, intereses atrasados, costas judiciales y otros gastos asociados a los procesos judiciales se acerca a los 500 millones de euros, aproximadamente un 30% de la cantidad reclamada en cada demanda.
Este sobrecoste hace que Bankia, como Goirigolzarri admitió ayer, se replantee su estrategia judicial. A partir de ahora, por tanto, es probable que el banco se atenga a las demandas civiles o bien que establezca un sistema de arbitraje, soluciones ambas que le ahorrarían centenares de millones.
De las 76.546 demandas interpuestas por 829 millones, 13.478 ya tienen sentencia firme y en un 95% son desfavorables para Bankia. Suponen 81,7 millones, de los que la entidad ya ha desembolsado 65 millones de euros.
Pero ya antes de la sentencia del Alto Tribunal, que abre la vía para una reclamación masiva, la entidad había elevado sus provisiones para afrontar las crecientes demandas.
En 2015, según los datos comunicados ayer, el grupo tiene 1.840 millones para hacer frente a las devoluciones, tras engrosar estas dotaciones en 1.060 millones el pasado diciembre. De esta cifra, 599 millones, siguiendo el criterio contable de la CNMV, se han cargado contra el patrimonio. Los 461 millones restantes han venido a menguar los resultados del grupo. En Bankia, el 40% que tiene que asumir ha tenido un impacto en beneficio de 184 millones en 2015.
No es la única huella. El capital fully loaded (que anticipa todos los requerimientos hasta 2019 en el capital de máxima calidad) tiene 0,52 puntos menos por la provisión contra patrimonio, sin bien tiene un envidiable 12,26%. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE), también muy por encima de la media del sector, no ha podido llegar al objetivo del 10% marcado en el plan estratégico, al restar 1,6 puntos porcentuales el impacto en la cuenta de resultados y se queda en el 9%.
Incluso afecta al nuevo plan estratégico, que ultima el banco para el próximo trienio, ya que el ROE sólo llegará al 10%, en un entorno de baja rentabilidad por los tipos de interés cercanos a cero, al final del periodo planificado, según anunciaron ayer el consejero delegado, José Sevilla y Goirigolzarri.
Gana un 39% más
El ejercicio, marcado al final del periodo por estas provisiones, ha sido sin embargo más que satisfactorio para estos directivos. El beneficio crece un 39% y llega a 1.040 millones, lo que permite subir el dividendo en un 50%. Si no se tiene en cuenta el impacto de la menor retribución de los bonos de la Sareb, el margen de intereses hubiera crecido un 1,5%.
La mayor rentabilidad de la entidad se observa también en un mayor margen con la clientela y el crédito en sus segmentos objetivo, empresas y consumo, crece un 3,5% en el ejercicio.
Dos años de adelanto sobre el plan de la UE
Bankia, que prácticamente había cumplido con su plan 2012-2015 a mediados de año, va ahora, según afirmó Goirigolzarri, con dos años de adelanto sobre los requerimientos impuestos por Bruselas. La venta de activos improductivos, la reducción de tamaño se ha realizado a mayor ritmo del previsto.
Tan sólo tres condiciones perdurarán hasta el final, mientras en el resto hay "flexibilidad" por parte de Bruselas. Estas limitaciones, que no afectan al negocio según el presidente, son las de no financiar a promotores, no abrir sucursales en el exterior y no realizar operaciones de compra.
