El 20 de julio de 2011, Rodrigo Rato, a la sazón presidente de Bankia, tocaba la campana en la Bolsa de Madrid. Ese acto culminaba una sorprendente salida a bolsa, la de Bankia, o eso parecía entonces. La sociedad vendió un 55% de sus acciones por 3.092 millones, valorando el conjunto recauchutado de cajas en unos 6.000 millones de euros. Unos meses después, en mayo de 2012, el Gobierno debía intervenir a través del FROB e inyectar finalmente más de 17.000 millones de euros adicionales a Bankia y a su matriz el Banco Financiero y de Ahorros.
Esa ampliación de capital resultó imprescindible para evitar la liquidación desordenada de una de las mayores entidades financieras de España. De hecho, como en ese momento España no pudo pedir esa cuantía, además de la que hacía falta para rescatar otros desastres como Catalunya Banc, el gobierno del PP se vio obligado a pedir "un préstamo en condiciones favorables a nuestros socios europeos" (en palabras de Rajoy). Eso sí, el préstamo llevaba adosadas unas condiciones financieras y macroeconómicas para España en un documento llamado Memorándum de Entendimiento (MOU). Ese documento con las condiciones del Rescate a España-ése que nunca existió- se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado del 10 de diciembre de 2012.
Al igual que han negado la realidad del rescate financiero, el FROB y Bankia, es decir el gobierno del PP, han considerado que el folleto de salida a bolsa de Bankia, es decir su contabilidad, no tenía errores relevantes. El principal argumento de estas instituciones era que las cuentas eran muy complejas y fueron revisadas por parte de la auditoría, del Banco de España, las entidades colocadoras, la CNMV...
La confección de un balance y unas cuentas de resultados de una gran entidad financiera no es sencillo, especialmente en un entorno tan turbulento como el de 2011 y 2012. Ahora bien que unas cuentas sean complejas no garantiza la exactitud. Tampoco parece un argumento determinante, que varias instituciones las hayan revisado en profundidad, o más bien que deberían haberlo hecho. Todo esto quizás disculpe un error, o no, pero dice poco de la exactitud de los números. En fin, si ocho meses después de confeccionar un balance, una empresa no sólo vale mucho menos, sino que está en quiebra técnica y necesita más de 17.000 millones de euros, lo más razonable es suponer que el balance inicial no reflejaba la realidad económica de la empresa.
Se pueden intentar encontrar otras explicaciones, pero como nos indica el principio filosófico de la Navaja de Ockham, la explicación más simple es casi siempre la más probable. No está de más recordar que el principal objetivo de la contabilidad es reflejar la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la empresa.
Ese imprescindible reconocimiento de la realidad es lo que hicieron el pasado miércoles 26 dos sentencias del pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. En esas sentencias, siguiendo los precedentes de la inmensa mayoría de los órganos judiciales, el Alto Tribunal consideraba que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública. Por otra parte, el Tribunal Supremo rechaza que haya que esperar a la sustanciación del juicio penal a los antiguos administradores de Bankia.
Las implicaciones de las sentencias son muy importantes. En primer lugar, el Tribunal Supremo unifica la aplicación del Derecho, en este caso fijando un hecho: el folleto de la salida a bolsa de Bankia, teóricamente el más supervisado de la historia de España, "contenía graves inexactitudes". Esto significa que todos los compradores pueden demandar a Bankia por este error en el consentimiento, y esto tendrá previsiblemente un coste cercano a 3.000 millones para la entidad.
Como el Estado, a través del FROB, se ha comprometido a garantizar hasta 1.840 millones, buena parte del coste irá directamente a déficit, aunque Europa lo excluya a efectos de incumplimiento. Por otra parte, el 64,10% de acciones de Bankia que todavía tiene el Estado queda aún más devaluado al tener que hacer frente la entidad a las indemnizaciones adicionales. En estas condiciones, y dada la situación de los mercados, el futuro gobierno debería retrasar la reprivatización de Bankia.
Como hay varias desviaciones presupuestarias importantes más, además de los 10.000 millones anticipados por Ciudadanos y luego ratificados por la Airef y la Comisión Europea, minimizar el coste para el contribuyente debería ser prioritario. La otra gran prioridad tendría que ser reformar los sistemas de control y supervisión financiera, que está a la vista que no han funcionado. No tenemos tiempo que perder. O más bien, como lo perdamos, todos los españoles acabaremos perdiendo, otra vez, demasiado dinero.
Entidades
